Contaminación minera destruye ríos de La Paz

Muchas veces hubo denuncias en sentido de que la explotación irracional de minas, especialmente en el departamento de La Paz, contamina el agua que, luego, desemboca en ríos que se hacen portadores de venenos para la agricultura y cuyas consecuencias las sufre la población. La explotación de oro, plata, plomo, estaño, wolfram, antimonio y muchos otros minerales se la hace sobre la base de agua y ninguna de las empresas mineras que explotan ricas vetas toma precauciones para evitar que las aguas se contaminen. Especialmente cuando no se adopta medidas que permitan almacenamiento, para que, luego, al servirse de esas aguas, las deriven a otros cauces y no lo hagan hacia ríos que se convierten en serio peligro, no solamente para la vegetación y vida animal sino para la salud de la población que consume verduras y hortalizas, cuyos regadíos han sido hechos con aguas contaminadas.

En diversas ocasiones, autoridades del Ministerio de Minas, conjuntamente el de Salud, han expresado intenciones de prevenir a los empresarios privados contra el peligro de contaminación; pero, aparte de las prevenciones, jamás se supo que se haya tomado medidas contra los autores de lo que se considera “crimen contaminante de la naturaleza”. El uso de mercurio y otros precursores por parte de los explotadores de oro es permanente; por otro lado, lo que hacen los productores de droga con el uso de precursores es continuo y éstos no solamente dañan las aguas de ríos, lagos, lagunas, etc. sino envenenan los bosques y destruyen especies de vegetales.

Lo grave de estas situaciones radica en que ninguna prevención de policías o autoridades frena el accionar de quienes atentan contra la naturaleza; al contrario, todo señala que obran impunemente, porque parecen estar “garantizados” para el desarrollo de sus labores. En otras palabras, es campo en el cual la corrupción hace de las suyas y no hay autoridad que le ponga freno porque, como en el caso de la industrialización de las hojas de coca, todo se lo hace “en secreto”, para evitar la vista de las autoridades. En casos, se ha informado que se procede con multas y hasta clausura; pero se reincide casi inmediatamente y se lo hace con mayor fuerza y eficiencia “porque ya se cuenta con las sanciones aplicadas por una vez y ello implica impunidad” para continuar con las mismas acciones.

Los ríos del departamento de La Paz -casi como lo que ocurre con otras regiones del país- no cuentan con vigilancia alguna y el desvío de sus aguas tanto para explotación minera como para fabricar drogas se hace cada vez más irracional y permanente. Será preciso, pues, que las autoridades establezcan algún tipo de control para evitar este grave atentado a los ríos, cuyas aguas significan vida para la existencia de selvas, bosques y tierras de cultivo. Muchas veces se ha sostenido la urgencia de recurrir a las Fuerzas Armadas para que establezcan sitios de control en lugares que se conoce como “fuentes” inagotables de parte de la economía informal que produce grandes utilidades ilegales.