Tribulaciones del Juicio del Siglo

En una decisión apenas difundida por la prensa nacional, desde el lunes pasado está en un receso de tres semanas el mayor juicio penal de la historia boliviana. Las audiencias fueron formalmente suspendidas a comienzos de esta semana hasta el 11 de marzo, después del Carnaval. El anuncio, leído por una de las funcionarias del tribunal, fue la cresta de una crisis que estaba en curso con la salud quebrantada del presidente, el juez Sixto Fernández, del Tribunal de Sentencia de La Paz, consecuencia de una diabetes que lo aqueja desde hace años. La dolencia que, en diversos grados, afecta a millones en todo el mundo, y su incidencia es alta especialmente en países en desarrollo, tiene en Bolivia elevadas manifestaciones. Se calcula que son cientos de miles de bolivianos los que conviven con la dolencia, nada excepcionalmente grave si es tratada con cuidado.

El caso, próximo a cumplir un década desde el estallido de los hechos que le dieron origen en abril de 2009, con el asalto policial al Hotel Las Américas de Santa Cruz, aparece rara vez en los medios informativos nacionales, no obstante la magnitud de las acusaciones que le dieron relevancia: terrorismo, violencia indiscriminada e intención separatista. En principio tenía el ingrediente de magnicidio, después retirado ante la dificultad de sustentarlo. El proceso está bastante detallado en “Labrado en la memoria”, el libro sobre el caso que presenté en la Feria del Libro de Santa Cruz hace dos años.

El proceso se instaló en Santa Cruz solo a fines de 2012, tras peregrinar por La Paz, Tarija, Yacuiba y Cochabamba. Al cabo de seis años en esta ciudad, el caso, que en su momento conmocionó al país y se convirtió en anatema para los líderes cívicos cruceños, está estancado, aún en la lectura de números telefónicos contenidos en miles de páginas a los que se supone que habrían llamado los acusados. De los 39 originalmente listados por el ahora refugiado en Brasil, Marcelo Soza Álvarez, solamente dos se encuentran en prisión, en Palmasola: Juan Carlos Guedes Bruno y Alcides Mendoza, los dos ex dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista, los primeros en ser detenidos por la policía pocos días después del asalto al hotel. Ambos también sufren de afecciones de cuidado y han rechazado toda posibilidad de declararse culpables de los delitos que les endilgan los fiscales. De acuerdo con las acusaciones, los dos habrían sido potentados del comercio ilegal de armas que iría a alimentar la supuesta separación del oriente boliviano y el surgimiento, tras derrotar al ejército, de una nueva nación sudamericana. Para salir en libertad, otros ya optaron por auto-inculparse, incluso los dos sobrevivientes del asalto al hotel, Elöd Toäsö y Mario Tádic, que al poco tiempo de ser liberados fugaron del país.

Estos días hubo versiones de que el juez sería sometido a sesiones de diálisis, un tratamiento en uso desde mediados del siglo pasado para purificar la sangre a través de filtros que actúan desde un equipo cuando los riñones pierden capacidad de hacerlo. El procedimiento es común en todo centro hospitalario medianamente dotado, pero no hubo confirmación de la versión. Cuando la diabetes es avanzada, suelen sobrevenir complicaciones cardíacas que obligan al paciente a llevar una vida sin sobresaltos ni excitaciones, nada de lo cual es norma en el Juicio del Siglo. Estas situaciones de incertidumbre que han caracterizado al juicio han causado trastornos a varios de los enjuiciados. Incluso el Jurado ha sido afectado por dolencias y las tres jueces han caído en dificultades a lo largo de estos años. Hasta el año pasado, el Juez Fernández era invicto, hasta que la diabetes comenzó a corroerle la salud.

A raíz de las dificultades del juez se ha empezado a barajar la posibilidad de que el proceso, inédito en toda la historia boliviana, se quede con solo tres jurados, si el juez tuviese que ser apartado. En teoría, el proceso podría continuar, pues dos jurados y un tercero elevado a la función de juez harían quórum para continuar. Aunque ha ocupado esa función en situaciones de emergencia, esa posibilidad no es bienvenida por la juez técnica Julia Elena Gemio. La juez tendría que enfrentar a los abogados de la defensa, curtidos en el caso, lo que obligaría a una atención extrema de los fiscales que defienden el caso tras haber comprado la acusación que formulara el ahora exiliado ex fiscal Marcelo Soza. Para el ex magistrado, los acusados, que no llegaron a conocerse personalmente sino durante las audiencias del caso, iban a desencadenar una ola de violencia para fracturar Bolivia. La mayor prueba física contra los ex dirigentes cruceñistas es una pistola enmugrecida que el supuesto capitán de la campaña, Eduardo Rózsa Flores, muerto cuando la policía atacó el hotel el 19 de abril de 2009, había comprado del supuesto comerciante de armas Juan Carlos Guedes. La pistola carecía de cacerinas. Esa prueba aún aguarda su reconocimiento formal, en una etapa posterior del juicio.

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