Toma y daca del Sistema Único de Salud

La implementación de la Ley 1.152 del Sistema Único de Salud (SUS), promulgada el 20 de los corrientes, nace con diagnóstico de inviabilidad debido a la falta de infraestructura, equipos, insumos y de médicos para diferentes especialidades, tal como vienen denunciando los organismos facultativos. Dichos elementos son indispensables para una cobertura gratuita a millones de habitantes como pretende el SUS. Tal aspiración es materialmente imposible y en el adelantado período reelectoralista en el que nos encontramos, no pasa de ser un anzuelo de captura de votos, por ingenuos que éstos sean.

En principio el Gobierno se jactó de haber comprometido 2.000 millones de dólares para el arranque de su proyecto, ahora la ministra del ramo insinúa la erogación de 246 millones de dólares anuales para la construcción de 14 hospitales de tercer nivel. Veremos.

La ejecución del SUS debía sustentarse con las transferencias de los presupuestos de salud de los Municipios al Gobierno Central, extremo que fue fuertemente resistido por las alcaldías del eje central por atentar, entre otras cosas, contra la autonomía de los gobiernos locales, prevista en la Constitución. En el texto final de la ley se opta por una curiosa “solución”, y es que las alcaldías provinciales deben pagar a los municipios capitalinos o de ciudades intermedias, por todas las atenciones médicas que reciban las personas de su jurisdicción. Este intento es tan imposible de ejecución como otros que contempla la Ley del SUS, imposible por lo conocido tradicional e históricamente.

Las gobernaciones y alcaldías protestan porque de las transferencias estatales de coparticipación tributaria, o como se llamen, destinan a salud el 15% (destino supervisado por el Ministerio de Economía), empero alegan que la salud a su cargo insume muchos recursos más, algunos por recaudación propia. Sucede que su situación financiera no se tonifica para cubrir los multiplicados retos que les plantea el SUS. Las prestaciones médicas de los gobiernos locales son cotizadas en parte por los propios pacientes. Es verdad, con montos mínimos, pero al presente el nuevo sistema debe ser gratuito. He ahí un tema vidrioso para el “tira y afloja”.

La mente inicial era que con la devolución de recursos al Estado por parte de los municipios, aquél asumiría la administración directa de la salud. Sin embargo, viendo la responsabilidad y el peso de echarse a las espaldas cuanto abarca su propia ley, el Ejecutivo sale por peteneras, en buen romance, descargando en los gobiernos locales las responsabilidades que dijo asumir.