Sombras en la nacionalización

El senador opositor Oscar Ortiz denunció, en octubre de 2018, que al menos trece empresas nacionalizadas operan como privadas, bajo la forma de sociedades anónimas, esquivando así niveles de control y fiscalización gubernamental, y las capacidades del Estado en su labor de transparencia y lucha contra la corrupción.

Ciertamente, el modelo de sociedades anónimas no se ajustó al sistema jurídico vigente en el momento de la nacionalización. Por una parte, el artículo 424 del código de comercio -que se halla vigente desde los tiempos de las distintas nacionalizaciones- establece que “son sociedades de economía mixta las formadas entre el Estado, prefecturas, municipalidades, corporaciones, empresas públicas u otras entidades dependientes del Estado y el capital privado, para la explotación de empresas que tengan por finalidad el interés colectivo o la implantación, el fomento o el desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios”.

El control y fiscalización gubernamental de las sociedades de economía mixta está previsto en los artículos 10 y 26 de la Ley Safco, entre otros. No cabe duda de que el Estado no puede participar, y no debió participar en la conformación de sociedades anónimas conjuntamente capitales privados, por lo que establece la normativa vigente antedicha. Los parlamentarios bolivianos deberían reunir información, y en su caso, investigar más profundamente estos hechos.

La promulgada Ley 466 de 26 de diciembre de 2013 “tiene por objeto establecer el régimen de las empresas públicas del nivel central del Estado, que comprende a las empresas estatales, empresas estatales mixtas, empresas mixtas y empresas estatales intergubernamentales, para que con eficiencia, eficacia y transparencia contribuyan al desarrollo económico y social del país, transformando la matriz productiva y fortaleciendo la independencia y soberanía económica del Estado Plurinacional de Bolivia, en beneficio de todo el pueblo boliviano”.

Aún si hubiera intencionadas posiciones a futuro para que las empresas nacionalizadas “migren” a la nueva normativa vigente -que no deroga el régimen de las sociedades de economía mixta del Código de Comercio- salta a la vista la dificultad de comprender cómo sociedades que ahora son anónimas sean a futuro empresas ajustadas a la mencionada Ley 466, cuando el capital privado ya ha negociado previamente con el Estado boliviano otra forma societaria.

El autor es abogado.