Denunciaron en audiencia ilegalidad de informe brasileño

La defensa legal de Luis Humberto Landívar y Roberto Saavedra Rengifo, implicados en el caso Lavajato, durante la audiencia de medidas cautelares contra ambos hicieron conocer a la juez del caso, Melina Lima, que el informe de la Policía Federal de Brasil “Castillo de Arena” era ilegal por lo que la investigación del Ministerio Público y la imputación contra los aprehendidos también.

La defensa legal de los implicados cuestionó la actuación de la administradora de justicia porque no solicitó el informe real a las autoridades del vecino país.

EL DIARIO tuvo acceso al acta de audiencia de medidas cautelares y la resolución de incidentes de ambos coprocesados. En su intervención, la abogada Audalia Zurita, representante legal de Landívar, exgerente de Construcción del extinto Servicio Nacional de Caminos (SNC), en la formulación de incidentes estableció que la Asamblea Legislativa se basó en un informe que en el Brasil fue declarado ilegal, porque son investigaciones irregulares.

“Las pruebas en las que se habría basado la Asamblea Legislativa, que nunca fueron puestas en nuestro conocimiento, están cuestionadas y no pueden fundar una resolución de imputación formal, cuando el Ministerio Público no ha tomado la más elemental previsión de verificar la validez…”, aseveró Zurita en su intervención.

Un informe de la Justicia Federal del Brasil ratificó que el informe de la operación “Castillo de Arena” fue desautorizado en ese país y otros como base de un proceso de investigación. En el 2015, dicho documento fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de ese país porque vulneró los derechos humanos de los investigados.

Este informe fue remitido el pasado 5 de diciembre del 2018, a solicitud del exministro de Servicios y Obras Públicas, Carlos Eduardo Mario Morales Landívar, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2003), identificado como uno de los implicados en el caso Lava Jato en Bolivia.

REFERENCIA

Al respecto, la diputada Susana Rivero, presidenta de la Comisión Mixta de Investigación de la Asamblea Legislativa admitió que esa instancia tenia conocimiento de que el informe de la operación Castillo de Arena es ilegal y que fue tomado en cuenta solo como referencia para la investigación.

Sin embargo, el informe final presentado por la Comisión en octubre del 2018 señala que la investigación se inició a partir de la información difundida de los casos del Tribunal de Distrito de Estados Unidos contra Odebrecht y por el informe obtenido por la Policía Federal del Brasil en el operativo Castillo de Arena.

AUDIENCIA

En la página 14 del acta, Zurita puso en evidencia que la empresa brasileña Odebrecht no fue parte de ningún hecho ilícito en el país, además aclaró que su cliente no recibió dinero de la firma brasileña por la construcción del tramo carretero Roboré-El Carmen.

Odebrecht, en mayo del 2018, mediante un comunicado oficial aclaró que no participó en los presuntos hechos irregulares en la construcción del tramo carretero Roboré-El Carmen, además ofreció su colaboración con las autoridades que investigan las presuntas irregularidades en las contrataciones estatales.

Ante tales antecedentes, Zurita cuestionó que el Ministerio Publico haya fundamentado una resolución de imputación en documentación que no fue autorizada para su uso en un proceso de investigación. A la vez, arremetió contra esas autoridades por no haber requerido la información real a las autoridades competentes del Brasil.

Por otra parte, el abogado Ernesto Vásquez denunció que la aprehensión de Landívar fue ilegal, ya que no cumplía con los requisitos de forma y materiales que están establecidos en la Sentencia Constitucional 2020, por lo que solicitó su nulidad.

Al respecto, el fiscal Ronald Chavez justificó el proceder del Ministerio Público. En el caso de la aprehensión ilegal, señaló que la resolución está fundamentada por la probable participación de ambas personas en los presuntos hechos. de corrupción.