Venezuela viene atravesando una de sus etapas históricas más crueles y oscuras debido a la instauración del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, que no solo ha coartado la seguridad y las libertades fundamentales, sino que ha provocado el éxodo de miles de venezolanos que huyen de una nación empobrecida, hambrienta y sometida al ejército, que se constituye en el único bastión que sostiene al opresor y dictador, aislado por la comunidad internacional que rechaza vehementemente su prorroguismo antidemocrático e inconstitucional.
Los últimos acontecimientos reflejan un ascenso irreversible de la más grave crisis humanitaria experimentada, haciendo urgente un llamado a la comunidad internacional para asumir su responsabilidad en la protección de los derechos humanos, la seguridad y auxilio a una población desprotegida que soporta estoicamente el hambre y la miseria, resultante de la incapacidad de un gobierno que no ha logrado asegurar la sobrevivencia básica de sus connacionales; siendo aún repudiable su actitud irracional de bloqueo y cierre de pasos fronterizos para impedir el ingreso de ayuda humanitaria; demostrando su desprecio por la vida y los derechos humanos de una nación que clama la pronta asistencia humanitaria.
Cómo duele ver el sufrimiento del país venezolano que solo reclama aquello que es deber sustancial de un Estado, cual es velar por la seguridad y la satisfacción de sus ciudadanos, la generación de condiciones y oportunidades de acceso irrestricto a insumos básicos; provisión de alimentos; servicios de atención en salud, así como la dotación de medicamentos y otros, conducentes a precautelar el bienestar; pero que al negárseles, los ha obligado a migrar y estar expuestos a todos los riesgos que implica la condición de foráneos en los países vecinos; ante la apatía e indiferencia de un régimen dispuesto a utilizar fuerza letal contra manifestantes que piden el ingreso de ayuda humanitaria; además de ordenar el cierre de su espacio aéreo.
Maduro ha actuado de manera inescrupulosa, soslayando cualquier límite de conducta democrática en coherencia con los preceptos constitucionales que la regulan, imponiendo vía manipulación y violencia, la destrucción sistemática del estado de derecho, atentando flagrantemente contra la democracia y la libertad de expresión; el derecho a la denuncia de la barbarie e injusticia, y que hoy exige cierto grado de pragmatismo, dada la gravedad de la situación de la crisis que no solo afecta a los venezolanos, sino a todos en la región. Más de tres millones de venezolanos ya han huido a países vecinos y el número de refugiados podría llegar a 10 millones en los próximos cuatro años, según el Secretario General de la OEA, Luis Almagro.
Lo cierto es que la crisis venezolana es una bomba de tiempo que ha llegado irremediablemente al límite de la tolerancia y ya no es posible seguir observando, con indiferencia y desidia, el periplo del sufrimiento de un pueblo sometido a un dictador encapsulado en el palacio de Miraflores, aislado por el rechazo de la comunidad internacional y medio centenar de naciones a los que se incluyen Japón y Suiza que reconocen a Juan Guaidó como su presidente interino. No obstante, ante la mayoría de las democracias mundiales que apoyan el pronto restablecimiento de la democracia plena, existen excepciones desafortunadas, como es el caso de Bolivia, México y Cuba, y que deberían atraer las más duras críticas de todo el mundo, exigiéndoles que se pongan del lado de la pronta restauración democrática y la reconstrucción del estado de derecho mediante la convocatoria a elecciones libres, en lugar de respaldar la subsistencia del régimen dictatorial y así dar señales honestas de cumplir al menos la Constitución de sus propios países, cual es la de defender y promover los derechos humanos.
El autor es MGR. Docente e investigador, Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Cbba.
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