Un juez de Santa Cruz después de haber admitido un recurso de cumplimiento contra la reiterativa reelección del presidente Evo Morales, revisó su propia decisión a las 24 horas, dejándola sin efecto. Al cabo de seis días fue trasladado a un juzgado provincial en El Torno por resolución del Consejo de la Magistratura (CM). Obviamente el Tribunal Supremo Electoral había sido el demandado. Un magistrado del CM adujo que el traslado fue pedido por el propio juez Alberto Zeballos, quien, no obstante, había sido amenazado de enjuiciamiento por un diputado oficialista y simultáneamente por un oficioso miembro titular del Tribunal Constitucional.
Sin embargo, una solicitud de cambio de juzgado no se la atiende de inmediato, sino que es sometida a evaluación dentro de una espesa burocracia, como en toda la Administración Pública del país o desechada de plano, resaltando en este caso la celeridad imprimida. Estamos una vez más ante otra muestra de la falta de independencia de poderes. Ante un hecho recurrente de la intimidación que pesa sobre el Órgano Judicial y de la sumisión que padece de cara a la omnímoda voluntad del Órgano Ejecutivo.
Demuestra también a cuerpo desnudo el miedo de los administradores de justicia a las represalias cuando salen del humillante cerrojo del poder. Sobran los casos de despido y procesamiento de los jueces de comportamiento libre en el ejercicio de sus funciones. Sobre ellos pende tal Espada de Damocles desde los primeros años del actual gobierno. Tampoco dejamos de recordar que la ambivalencia de los jueces en el trámite ordinario de las causas entre partes es característica de su desempeño, aun cuando una parte tenga la verdad jurídica a su favor. Sin duda, se trata de una de las causas de retardación de justicia.
Si los jueces no han de tener norte y guía en el derecho y la ley, pronto serán rehenes de la corrupción y del soborno, este drama que empaña a la justicia nacional se convierte en calamidad pública cuando premeditadamente se enrola en este Órgano como fuente de enriquecimiento a costa de la libertad, de la honra y del patrimonio de quienes por uno u otro motivo litigan ante una mal llamada “justicia”. Sensiblemente la corrupción es el alfa y omega de todo el aparato estatal, descentralizado, cooperativo, etc., de lo cual es consciente pero víctima la colectividad nacional.
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