Aumentan feminicidios en 63% con relación al 2018

Durante los dos primeros meses del presente año, el Ministerio Publico registró 19 feminicidios en todo el país, esta cifra superó los casos reportados en los primeros 60 días del 2018 y 2017, respectivamente. Las autoridades del Observatorio de Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres exigen al Gobierno que esta problemática sea declarada como política de Estado.

El 2018 se registraron en total 18 casos a nivel nacional, la mayor parte de estos en el eje central, La Paz encabeza esta lista, donde se presentaron 7 feminicidios, en todos los hechos los agresores estaban en estado de ebriedad.

En la gestión 2017 los feminicidios solo llegaron a 12, según los datos de esa institución: 4 en La Paz, 2 en Santa Cruz, 2 en Chuquisaca, 2 en Tarija, uno en Cochabamba y otro en el Beni.

MÁS CIFRAS

Los índices de violencia contra la mujer se incrementaron en los últimos años, según las estadísticas oficiales en 2018 se presentaron 111 feminicidios, un año antes las cifras llegaron a 109 hechos.

Mientras que el 2016 cerró con 104 casos, en el 2015 se presentaron 114 y la cifra más alta de feminicidios se registró en 2014 cuando se contabilizó en total 117 hechos atendidos por las instancias correspondientes.

A cinco años de la puesta en vigencia de la Ley 348 se contabilizó un total de 555 casos en todo el país.

Un informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), difundido en noviembre del 2018, muestra a Bolivia como el país con la prevalencia más alta de feminicidios de la región seguido por Paraguay, con tasas de 2,0 y 1,6 por cada 100 mil mujeres.

Para la promotora de la creación del Observatorio de Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, Griselda Sillerico, estas cifras son preocupantes y que son el reflejo de que la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia no redujo el índice de los feminicidios en el país.

“Estos hechos no pueden continuar y el Gobierno debe priorizar la resolución de este problema, algo pasa con la 348 y además tenemos una justicia patriarcal que no solo existe retardación en los procesos, sino que la familias de las victimas deben ser víctimas por la falta de conocimiento de jueces y fiscales”, cuestionó.

INMEDIATEZ

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, manifestó que se está aplicando el procedimiento inmediato a todos estos casos, tal como lo establece el Código de Procedimiento Penal.

La norma establece que en casos de delitos en flagrancia se debe implementar este sistema, donde se reducen los plazos procesales de investigación. La etapa preparatoria es de seis meses, este se reduce a un mes y la fiscalía debe presentar una acusación formal.

Sillerico espera que este sistema agilice los procesos de investigación y que en el menor tiempo posible se tenga una sentencia condenatoria para los agresores.

HIJOS DE LAS VÍCTIMAS

En los casos de feminicidio, los hijos de las víctimas son los más afectados, ya que después de pasar por la etapa de perder a su madre, deben ser derivados a un familiar cercano para que se haga cargo del cuidado de ellos.

Al respecto, el representante legal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la comuna paceña, Marco Villegas, indicó que en la mayor parte de estos hechos los menores se quedan al cuidado de los abuelos o, en algunos casos, de los tíos.

El pasado jueves, el Juez Primero de Instrucción Anticorrupción, Alan Zarate, determinó la detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro para Gustavo M.P., quien apuñaló dos veces a su esposa Rosmery M.M.

Darío Mendoza, hermano de la víctima, señaló que ellos se harán cargo de los tres menores y se los llevarán a la localidad de Apolo del norte de La Paz, para evitar que la familia del agresor intente quitarlos y que corran la misma suerte que la madre. Advirtieron que peleara la patria potestad de los infantes.

Villegas, indicó que los menores serán sometidos a una terapia psicológica, al igual que la sobrina de la víctima, quien presenció el crimen y también fue agredida por el sujeto.

“Lo más importante es que estos niños y la adolescente sean remitidos a una terapia psicológica, porque tiene un estrés postraumático y eso es en lo que la defensoría va a coadyuvar”, señaló.