Angélica Siles Parrado
La Constitución establece en el Art. 306, II “La Economía Plural está constituida por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa”, sin embargo el gobierno solo prioriza la economía estatal, y no impulsa y menos aplica la economía comunitaria que realizan los pueblos indígenas. El gobierno tuvo un periodo de 10 años de bonanza económica, por los altos precios internacionales de las materias primas, como gas y minerales, pero el nuevo contexto pone aún más en evidencia la necesidad de encarar políticas de mediano y largo plazo que apunten hacia la diversificación de la matriz productiva.
Con la caída de los precios para países exportadores de materias primas, permanece latente el desafío de avanzar hacia un cambio en la matriz productiva, ante la presencia de una gran cantidad de jóvenes que en las próximas décadas serán la fuerza que impulsará el desarrollo del país, para lo cual se necesita mayor generación de empleo y acceso a bienes y servicios de calidad.
Asimismo, no es racional poner en una balanza solamente los ingresos y no sopesar los efectos ambientales de la explotación de recursos naturales, cuyos impactos recaen con más peso sobre la población más vulnerable y marginada, como son los pueblos indígenas, que son los que cuidan el medio ambiente y protegen las reservas naturales. Pero son víctimas de la represión por parte del gobierno, que vulnera sus derechos establecidos en el Art. 30 de la Constitución Política del Estado, como a su libre determinación y su derecho a la consulta cuando se trata de los recursos naturales.
Los sectores productivos contribuyen a la generación de empleo, a la seguridad y soberanía alimentaria, como la agricultura, cuyos productos agroecológicos abundantes y que son altamente requeridos a nivel internacional, pueden ser transformados con valor agregado, que genera empleo, y el Estado debe crear condiciones también para el turismo, porque Bolivia cuenta con sitios turísticos que no se explota. Para la reducción de desigualdades y la sostenibilidad económica, debe ir de la mano con el sector de la micro, pequeña, mediana y gran empresa, para cambiar la matriz productiva, e incursionar en nuevos sectores productivos, que no solo involucra a la demanda interna, también implica la demanda potencial de otros países y otras regiones, porque el incremento de empleos se ha dado solo en sectores terciarios, como: comercio, transporte y construcción, que son altamente dependientes del boom económico, impulsado fundamentalmente por los precios de las materias primas.
Por su fluctuación no se desarrolla una política integral y sostenida de apoyo a las cadenas de agregación de valor en los sectores no tradicionales, principalmente de producción de alimentos para el mercado nacional, con alto grado de industrialización, más allá del modelo primario-exportador. Estamos insertos en la economía-mundo capitalista globalizado, que expresa las nuevas tendencias mundiales de la producción industrial y del conocimiento que caracteriza a la nueva división internacional del trabajo. El problema es el cambio del modelo de acumulación, uso y destino del excedente económico, para ello se debe avanzar en el proceso de innovación tecnológica, conocimiento, ya que el Nuevo modelo económico boliviano debe cambiar, porque está centrado en deforestación permanente para ampliar la frontera agrícola, especialmente para la producción de la soya transgénica, que beneficia al sector agroindustrial.
Se requiere mayor protagonismo del Estado en la apropiación del excedente de la explotación de recursos naturales, para la creación de empresas estatales, en su mayoría deficitarias, que transforma al Estado en rentista y fomenta el incremento de la hoja de coca, que es altamente depredadora de la tierra y ahora sus cultivadores están en las zonas no tradicionales, como las reservas naturales del Tipnis, que no cuentan con registro de la comercialización.
El autor es Economista y
Abogada Constitucionalista.
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