“El mundo debe intervenir en Nicaragua”

Ginebra.- La abogada Claudia Paz y Paz, miembro del grupo de expertos creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la represión en Nicaragua en 2018, declaró ayer a la agencia EFE que la comunidad internacional debe seguir atenta a ese país e intervenir ante los crímenes cometidos.

"Es fundamental que la comunidad internacional no quite la mirada de Nicaragua", ya que, "al tratarse de crímenes de lesa humanidad, debe intervenir para que esa situación se modifique", explicó la letrada guatemalteca.

Paz y Paz intervino ayer en un panel para explicar los resultados del informe -junto a otro de los miembros del grupo de expertos, el fiscal argentino Pablo Parenti- en uno de los actos del actual Consejo de Derechos Humanos que en Ginebra trata hasta mediados de mes la situación de las libertades fundamentales en todo el mundo.

"Logramos documentar que en el periodo que comprendía nuestro mandato, del 18 de abril al 30 de mayo, hubo 109 muertes violentas, de éstas la gran mayoría fueron con arma de fuego, y más de 1.400 heridos", recordó la abogada.

Aunque también se documentó la muerte de una veintena de policías, gran parte de la violencia "fue responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado, que actuaron de forma coordinada con grupos paraestatales integrados por juventudes sandinistas, o lo que históricamente se ha llamado en Nicaragua 'motorizados'", explicó Paz y Paz a la agencia EFE.

RESPONSABILIDAD

El grupo de investigadores, también compuesto por el abogado italiano Amérigo Incalcaterra y la socióloga peruana Sofía Macher, recomendó tras la elaboración del informe investigar al presidente del país, Daniel Ortega, por su responsabilidad directa en los actos cometidos por las fuerzas de seguridad.

Además, el informe, para cuya elaboración el grupo de expertos pasó seis meses en Nicaragua, se elaboró con grandes dificultades de acceso a información, pese a que el Gobierno de Ortega había acordado colaborar.

"Nunca nos dio acceso a los expedientes judiciales, tampoco pudimos reunirnos a solas con la fiscal general, Ana Julia Guido, y cuando se solicitó al Gobierno nicaragüense una reunión para presentar las conclusiones, "su respuesta fue pedirnos que abandonáramos el país", recordó la abogada.

También subrayó que el mismo mes en que el informe se presentó en Washington se quitó la personalidad jurídica a una de las ONG nicaragüenses que habían colaborado de forma más estrecha con ellos, el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), obligando a algunos de sus integrantes a dejar el país.

El grupo de expertos llegó a Nicaragua en julio, cuando las tensiones se encontraban en su punto álgido, relató por su parte Parenti en el panel de ayer.

SUBALTERNO

"A cualquier jefe de policía le puede pasar que un subalterno actúe mal, lo que no puede ocurrir es que esto ocurra de una forma sostenida en el tiempo, en distintos lugares y momentos, y que no se investigue nada (...). Es más, los principales responsables de la actuación del Estado en este periodo fueron ascendidos", relató.

El fiscal argentino también subrayó que "el discurso público del presidente y la vicepresidenta (Rosario Murillo, esposa de Ortega) desde el primer día demonizó y estigmatizó a los manifestantes en discursos realmente violentos", pese a que el grupo de expertos estableció que la mayoría de las protestas fueron pacíficas.

Las protestas se iniciaron el 18 de abril de 2018, por el rechazo a una reforma del sistema de seguridad social que suponía subidas de impuestos y reducción de pensiones.

Según los observadores, la represión de estas protestas ha causado más de 300 muertos (el informe del CIDH, que documenta únicamente 109, sólo estudió los primeros meses de violencia) y la detención de periodistas, líderes campesinos y estudiantiles y miembros de organizaciones de derechos humanos.

PERSISTE PERSECUCIÓN POLÍTICA

Los presos políticos Brandon Lovo y Glen Slate se encuentran recluidos en el Sistema Penitenciario La Modelo, en Tipitapa, confirmó el Ministerio de Gobernación (Migob) ayer. La información llegó tres días después de que familiares aseguraron no saber dónde estaban los jóvenes, ya que supuestamente los habían sacado de la cárcel.

El Comité Pro Liberación de Presos Políticos informó el sábado, a través de su cuenta de Twitter, que ambos salieron del Sistema Penitenciario Nacional de Tipitapa y que estaban siendo trasladados hasta Bluefields, para que cumplieran sus condenas bajo arresto domiciliario.

Luego de eso, Connie Taylor, madre de Brandon, explicó que una fuente interna del penal de Bluefields le confirmó a la familia que los jóvenes ingresaron a ese lugar después de la medianoche del sábado. Pero ayer lunes, ella fue al penal a preguntar por su hijo y le dijeron que “todo era mentira, que fue una falsa alarma, que a ningún reo de Managua” lo habían trasladado a esa cárcel.

En el comunicado, el Migob afirmó que Lovo y Slate “se encuentran recluidos desde el 23 de mayo del 2018 en el establecimiento penitenciario La Modelo Tipitapa”. Un medio del gobierno publicó fotos de los jóvenes donde aparecen en las ediciones de La Prensa y El Nuevo Diario.

Por su parte, el abogado de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), Julio Montenegro, dijo que esa organización corroboró que Lovo y Slate sí fueron sacados del penal en un microbús del Sistema Penitenciario Nacional, pero que horas después los regresaron a sus celdas.

“Brandon (Lovo) y (Glen) Slate, tengo entendido que efectivamente fueron sacados del penal porque los vieron salir y la gente que está en los pasillos –algunos haciendo limpieza o como guardas– y que de alguna manera nos colaboran vieron efectivamente de que ellos dos habían salido pero después los regresaron. El motivo por el cual regresaron lo desconocemos”, explicó Montenegro.

Montenegro no supo precisar la hora en que los presos políticos salieron del Sistema Penitenciario, pero reiteró que a Lovo y Slate “los vieron salir, pero también los vieron regresar”.

Brandon Lovo y Glen Slate fueron detenidos en mayo pasado y condenados en agosto por la muerte del periodista Ángel Gahona, ocurrida el 21 de abril en Bluefields. (La Prensa - Nicaragua)

(EFE)