Población solicita mejor labor en ámbito judicial

El Alto, es una de las ciudades donde no solo demanda mayor y mejores condiciones de empleo, sino ser atendidos en las mejores condiciones en el ámbito judicial, al ser una población migrante que también requiere servicios judiciales. Más aún cuando creó la “Asociación de Víctimas de Justiciá”, ante las diferentes irregularidades de jueces y fiscales que solo generan retardación de justicia, o cometen todo tipo de cohechos en desmedro de los litigantes.

La representante legal, Braulia Choque, recordó que si bien dicho movimiento social, por una adecuada justicia, a la fecha no tuvo ninguna atención favorable por parte de las autoridades del Gobierno desde el 2015, cuando surge la organización, pero que a la fecha solo suma más militantes que respuestas a sus casos.

Choque observó que las recientes prácticas del Ministerio Público, cuando existen denuncias en contra de fiscales y jueces, “en vez de que sean procesados los denunciados, solo son cambiados a otros distritos judiciales, como a provincias, antes de ser sancionados, por lo tanto no ha cambiado nada en este tiempo, continúa la retardación de justicia, las denuncias de corrupción, pese a cumbres y demás actos creados por el propio Gobierno”, lamentó.

Pese a los reclamos realizados por la población litigante, denunciando incluso la falta de espacios para que jueces y fiscales que realizan su trabajo desde el Tribunal de Justicia, logre mejorar sus condiciones en favor de la población. Los juzgados continúan siendo insuficientes para los diferentes delitos que deben atenderse, no existen condiciones adecuadas para el desarrollo de audiencias y lo que es constante, no se cumple a cabalidad los tiempos procesales, permitiendo abusos por parte de los administradores de justicia.

Desde el 2015, la organización se “cansó”, de realizar marchas y protestas demandando justicia, mientras que la instancia de jueces y fiscales logró aplicar la “conjunción de fiscales”, la cual empeoró las atenciones destinadas a la población litigante, “no hay buena atención, sigue habiendo injusticia, hechos de corrupción, por lo tanto, no hubo ningún avance, pese a las denuncias realizadas por parte de la Asociación de Víctimas de la retardación de la Justicia”, explicó.

Un modo de operar por parte de jueces y fiscales, cuando se formaliza una denuncia en su contra, es ser cambiados a juzgados de provincia, donde nadie los denuncia, porque la población desconoce los procedimientos legales. Choque enumera los diferentes casos que a la fecha aún no fueron esclarecidos, “a muerte de Benita Pari Apaza, asesinato del 2014, los casos denunciados como negligencias médicas, trata y tráfico de menores y adolescentes, o el caso de la hermana de la exministra de justicia Genoveva Velasco Condori, que suscitó en Pucarani, donde obtiene 20 días de impedimento, mientras se incrementan los casos de feminicidio”, detalló.

Para Choque, a la fecha el Gobierno nacional no demuestra ninguna predisposición para mejorar los resultados en el ámbito judicial, en favor de la población litigante, manteniendo los mismos hechos de corrupción.

Choque prefiere alejarse de las protestas directas, porque el único resultado en contra de su persona que logró, fue que jueces y fiscales no atiendan los casos que ella defienda o influyen para que litigantes dividan la organización, con la finalidad de no retomar las denuncias en contra de los administradores de justicia.

En una ciudad de más de un millón de habitantes, donde la población litigante crece en función de los miles de delitos denunciados a diferentes instancias policiales, los juzgados de justicia y las audiencias desarrolladas, aún mantienen las mismas características del pasado siglo, con expedientes voluminosos y la misma retardación de justicia que deja en total abandono sobre todo a las víctimas, quienes no reciben una atención con prontitud, manteniendo juicios desde hace más de cuatro años, hasta que por cansancio, los litigantes abandonen el ámbito judicial.