Defensa de Tariquía enfrenta a comunarios con Gobierno

Habitantes que viven dentro de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía y que se oponen a la exploración petrolera, amenazan con radicalizar sus acciones tras el nuevo ingreso de los trabajadores de Petrobras al área protegida. La consulta previa y el posible impacto ambiental en la reserva son los temas que esperan resolver con el Gobierno, aunque no están dispuestos a dar el primer paso.

Una publicación de Alex Vélez Zuazo, en Mongabay Latam, sostiene que cada vez que Paola Gareca responde el teléfono, el sonido de las aves se entremezcla con su voz. Ella vive en el corazón de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, y cuenta con orgullo que allí nació, creció y que vive ahora con sus hijos. Cuando le preguntan qué es lo que más le gusta del lugar en el que vive es inevitable percibir cierta emoción al describir las bondades de su territorio: “Esta reserva tiene mucha flora, fauna, animales silvestres, tiene agua pura, ríos, todos los ríos son de agua dulce, no son de agua contaminada”.

Gareca vive en la Comunidad de San José —provincia de Arce, departamento de Tarija en Bolivia— y asegura que no necesita nada más para sobrevivir, que bastante suerte tienen con las fuentes de agua dulce y la tierra fértil que poseen. “Es una tierra productiva, es una tierra que todavía no necesita abonos químicos, es una tierra bien orgánica que todo lo que uno pone en la tierra todo da, así trabajamos nosotros, criamos ganado”.

Pero esta tranquilidad que tanto valora Gareca se ha visto interrumpida. El problema comenzó cuando el Gobierno aprobó en abril de 2018 tres contratos de exploración y extracción de hidrocarburos en las áreas de San Telmo Norte y Astillero, y el conflicto escaló cuando en febrero de este año un grupo de trabajadores de la empresa brasilera Petrobras —que opera en sociedad con dos subsidiarias de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)— intentó ingresar para empezar los trabajos de exploración en la zona de San Telmo Norte, dentro de la reserva.

De inmediato comuneros de Chiquiacá bloquearon la vía de acceso y no se movieron de la zona por tres días, entre el 6 y el 8 de febrero. Aunque la acción fue suspendida tras el retroceso de los operarios de la empresa, los habitantes que se oponen a la actividad petrolera en su territorio han prometido que no se quedarán con los brazos cruzados.

“Si ellos vuelven a entrar vamos a tomar otras medidas”, sentencia Barbarita Meza, dirigente del Comité de Defensa del Cantón de Chiquiacá, en una entrevista con Mongabay Latam. Y eso es lo que pasó ayer, un grupo de trabajadores logró finalmente ingresar a la reserva aprovechando que la vía fue liberada. ¿Qué pasará ahora?

EN DEFENSA DEL ÁREA PROTEGIDA

El problema en Tariquía, como en otras reservas del país, comenzó con la aprobación de una norma polémica, en mayo de 2015, que desató una ola de críticas y reacciones que continúa hasta ahora. Y es que el Decreto Supremo No. 2366 le abrió las puertas a las actividades hidrocarburíferas dentro de las áreas protegidas de Bolivia.

Al leer la norma, saltan a la vista de inmediato frases como “interés público para el desarrollo del país” y “reducción de la extrema pobreza”, palabras que buscan justificar la decisión tomada por el Gobierno de Morales.

Las comunidades y expertos que se oponen a este decreto no han parado de decirlo, en todas las maneras posibles, que las áreas protegidas están bajo amenaza.

Marco Gandarillas, investigador del Centro de Documentación e información de Bolivia (Cedib), sostiene que la norma ha generado que las áreas de conservación se transformen paulatinamente en “áreas de explotación intensiva”.

El experto confiesa que la decisión tomada por el Estado no los tomó por sorpresa, pues asegura que es el resultado de una “política agresiva” del Gobierno de Morales para compensar la disminución de sus reservas y atraer la inversión extranjera flexibilizando la fiscalización ambiental.

“Era como una condición que ponían muchas petroleras para invertir: que se levanten los obstáculos medioambientales, se criticaba mucho la tardanza en los permisos, en las licencias, en la aprobación de la evaluación de los estudios de impacto ambiental y también en la consulta previa”, precisa Gandarillas.

En este escenario, la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía se presenta como uno de los potenciales territorios para incrementar las reservas de Bolivia. Pero los planes del Gobierno se han visto de pronto interrumpidos por un gran muro: Las comunidades campesinas que se oponen a la actividad petrolera en sus hogares.

“Tariquia es una zona importante en el tema del agua, es casi una fábrica de agua toda la región y quienes se han sentido más perjudicados, con la apertura de la reserva, han sido comunidades campesinas”, sostiene Gandarillas.

Alex Villca, vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas (Conadetiocap), señala que el problema es que se ha querido imponer la exploración y extracción sin el consentimiento de las comunidades.

“Se quiere hacer creer a la gente, a los indígenas, en este caso a los hermanos campesinos, que esa socialización de estos proyectos ya es tomado como consulta previa, libre e informada, cosa que no es cierto”, indica Villca.

La consulta previa es, precisamente, la manzana de la discordia.

¿CONSULTA PREVIA PARA TODOS?

Comuneros como Paola Gareca, que ha asumido la dirigencia de la Subcentral de Tariquía, se sienten bendecidos con lo que les da el área protegida y eso es lo que temen perder.

“Tenemos para tener recurso, ganaditos, vacas, ovejas, chanchos, gallinas, todo. Después sembramos maní, papa, maíz, arveja, yuca, camotes, todo lo que uno siembra produce y muchas personas tienen cajas de miel, es una miel pura, ecológica, que sale de Tariquía”, cuenta Gareca.

Por eso cuando las empresas llegan a las comunidades para hablarles de nuevos puestos de trabajo, de un cambio de vida, de más ingresos, las ofertas siempre caen en saco roto.

“Nosotros que estamos en la defensa de Tariquía no le llamamos trabajo a lo que ellos ofertan, que va a haber desarrollo, que van a ganar plata, que todo eso, simplemente va a ser un mes, dos meses que les van a dar un triste empleo a algunas personas, no a todos. El trabajo que nosotros tenemos es lo que trabajamos años produciendo la tierra”, explica.

Esa es la razón por la que denuncia que la consulta previa no se ha hecho como lo manda la Constitución Política del Estado de Bolivia. “No ha habido, eso es falso, eso que dicen que ha habido consulta previa, para nosotros no es válido de que ellos vengan a algunos dirigentes a hacer esa consulta. Si es que la han hecho, la han hecho a ocultas”, sentencia Gareca, quien sostiene que solo se ha recogido la opinión de algunos dirigentes campesinos que sí aprueban el ingreso de la empresa.

A Barbarita Meza de la comunidad de Pampa Gorda le ha tocado vivir lo mismo que a Gareca. La dirigente del Comité de Defensa del cantón de Chiquiacá, que también vive dentro de la reserva, cuenta que algunos de sus compañeros fueron engañados.

“Le habían hecho firmar a la gente por un plato de comida y usted sabe que nosotros somos campesinos, a veces no sabemos leer, y donde ellos les han hecho firmar en un papel en blanco, pero era para la comida, no era para dar visto bueno a que entren las empresas”, narra Meza, quien recuerda que eso pasó cuando estuvieron en la zona trabajadores del Ministerio de Hidrocarburos.

Mongabay Latam se comunicó con la oficina de prensa del Ministerio de Hidrocarburos para preguntarle sobre este tema y sobre los pasos que seguirán para solucionar el problema, pero hasta el cierre de este artículo no recibimos una respuesta.

Barbarita Meza participó en los bloqueos en la carretera de Chiquiacá para impedir el ingreso de los trabajadores de Petrobras. Durante el encuentro con este grupo, narra la dirigente que esta fue la respuesta que les dieron: “Tenemos todo legal, la ficha ambiental, tenemos todo legal y ustedes no nos van a parar a nosotros porque tenemos todos los papeles al día. El petróleo es del Estado, ustedes no pueden hacer nada”.

Meza y sus compañeros, todos asentados en la zona núcleo, se reafirman en que nadie les consultó si podían entrar a su territorio. Hoy esperan que el Gobierno los busque para iniciar un diálogo.

Cuando le preguntamos a Meza si ellos habían tratado de dar el primer paso, contestó que esa tarea no le corresponde a las comunidades: “El gobierno no nos ha convocado a ninguna reunión, ni el ministerio, ni nada. Nosotros no lo hemos solicitado porque no somos nosotros el que está buscando el problema, es el Gobierno, el Ministerio de Hidrocarburos, ellos nos tendrían que buscar soluciones a nosotros”.