Fiscal y juez deben ser procesados

El rector de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Freddy Medrano, solicitará proceso legal contra los responsables de la administración del proceso legal por supuesto incumplimiento de deberes y la posibilidad de favorecer a un oficial de la Policía, quien reconoció haber cometido el homicidio, en un acuerdo de juicio abreviado.

“Lamentablemente se ha hecho una maniobra jurídica porque, si bien, en un principio el teniente Casanova se declaró en reserva, hasta el 27 de febrero fecha en la que decide por el proceso abreviado, reconociendo el delito de homicidio, este acto no fue de conocimiento de las partes del juicio, ni por la familia del universitario y menos por las autoridades de la UPEA que éramos parte legal en el proceso”, explicó Medrano.

Según el rector de la UPEA, el equipo jurídico y la instancia del Honorable Concejo Universitario (HCU), buscarán todos los mecanismos necesarios, no solo para apelar la sentencia, sino agotar todos los procedimientos legales que permitan poner en descubierto el encubrimiento que existió en favor de Cristian Casanova.

“Buscamos que se sancione a las autoridades materiales e intelectuales quienes entre gallos y medianoche determinaron una ridícula sentencia que no compensa la pérdida de una vida como fue el caso del universitario Jonathan Quispe Vila, se demandará las auditorías judiciales y se explicará en los próximos días cómo los representantes del Ministerio Público y el cambio del anterior fiscal han hecho el papel de encubridores”, reiteró.

El fiscal Ruddy Terrazas y el juez Cuarto de Instrucción cautelar en lo Penal, Ángel Mendoza Montesinos, son los responsables de haber determinado “una ridícula sentencia, sin haber valorado no solo la vida, sino los agravantes en los cuales incurre el teniente de Policía al haber preparado un arma letal en contra de la vida de los universitarios, es por eso que se recurrirá a realizar las denuncias correspondientes a diferentes instancias, como el Concejo de la Magistratura, el fiscal general, Defensor del Pueblo, Ministerio de Transparencia y otras instancias quienes deben revisar todo el proceso penal”, demandó.

Medrano aclaró que si bien los abogados de la familia y de la UPEA estaban presentes en audiencia, expresaron en dicha instancia no solo su inconformidad, sino la determinación de apelar, ante el incumplimiento de procedimientos legales.

El rector exige a las autoridades de Gobierno a honrar su compromiso de coadyuvar en el proceso legal, para obtener una sentencia acorde al valor de una vida, una vez que el acusado reconoció haber cometido el delito de homicidio, caso contrario generan una imagen de ser parte del encubrimiento.

El rector de la UPEA, si bien reconoce que el cedulón fue pegado en las puertas de la universidad el pasado viernes 1 de marzo, después de que las instituciones públicas definieran trabajar en horario continuo, aspecto que no fue comunicado con antelación.

A ese accionar se suma que el 28 de febrero del presente año, la Fiscalía Departamental de La Paz, tuvo conocimiento del “Acuerdo de Procedimiento Abreviado” que fue redactado y de conocimiento del fiscal de materia Ruddy Terrazas el pasado 27 de febrero, pero que este acuerdo que en su segundo párrafo, el teniente Cristian Casanova se somete al artículo 373 del Código Penal “manifiesto que reconozco mi participación el delito de homicidio, previsto en el art. 251 aceptando mi responsabilidad en este ilícito y en consecuencia admito este hecho. En tales circunstancias me someto voluntariamente a un procedimiento abreviado y renuncio al juicio oral público y contradictorio”.

“Habiéndose admitido el hecho, también acepto la imposición de una pena que no sea superior a los cinco años”, expresa el documento legal, que es firmado por la abogada de la defensa Toya Miranda y el teniente de Policía Cristian Casanova.

La autoridad de la UPEA demanda un pronunciamiento público por parte del Ministro de Gobierno y de Justicia en este tema.