Negociaciones con futuro incierto

Managua.- Las negociaciones entre el Gobierno de Nicaragua y la oposición extraparlamentaria, con las que buscan superar la crisis que estalló en abril pasado y que ha dejado cientos de muertos, de detenidos y miles en el exilio, ha quedado en el limbo tras la decisión de los obispos de no participar en ese proceso.

Las negociaciones, que avanzan con mínimas concesiones, con más de 600 presos "políticos", sin cesar la represión, con una economía en picado, y en medio de desconfianza, sufrió un duro golpe con la decisión de la Conferencia Episcopal, la institución que goza de mayor prestigio y credibilidad en el país.

La negativa del Episcopado de participar como testigo y acompañante provocó que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la contraparte del Gobierno en el diálogo, reconsidere si sigue o no en la mesa, que comenzó el 27 de febrero pasado y que ha tenido más divergencias que convergencias.

Hasta ahora se han celebrado ocho rondas y las partes no han logrado ponerse de acuerdo con los garantes internacionales ni con la agenda.

En las primeras sesiones las partes se centraron en discutir las reglas del juego y sobre los testigos y acompañantes del proceso, acordando invitar al cardenal Leopoldo Brenes y a un líder de la Iglesia Evangélica. El Episcopado ya declinó.

REFORMA FISCAL

Pero mientras las negociaciones no avanzan, en paralelo, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo y a petición del Ejecutivo que preside Daniel Ortega, aprobó una polémica reforma fiscal, pese a la oposición del sector privado que forma parte de la alianza opositora en la mesa.

También, ante una petición "con carácter de urgencia" de Ortega, aprobó la compra a favor del Estado del Banco Corporativo (Bancorp) a un monto equivalente a 22,7 millones de dólares, una entidad donde se colocaron los recursos de Caruna (Caja Rural Nacional) que provenían de la millonaria cooperación venezolana y que fue sancionada por Estados Unidos.

Además, previo a las negociaciones, el Gobierno puso en vigor unas enmiendas a la seguridad social que elevan las cuotas de las patronales y los empleados, y bajan el monto de las pensiones.

Asimismo, el Estado mantiene encarcelado al menos a 650 manifestantes antigubernamentales y cambió el régimen carcelario a otros 112 "presos políticos", para un total de 762 convictos, según el Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos, que denuncia al Gobierno de utilizar "como rehenes" a los reos en las negociaciones.

Además, días antes de la instalación de la mesa, un juez afín a Ortega condenó a los dirigentes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Orlando Icabalceta a 216, 210 y 159 años de prisión, respectivamente.

"Ortega puede estar abordando el diálogo de mala fe, con la única intención de ganar tiempo y aplacar a los críticos internacionales", valoró Crisis Group, una organización internacional dedicada al análisis de países en conflicto o sumergidos en crisis, en un informe enviado a la agencia EFE.

Al alternar entre la reconciliación y la represión, tratar de manera preferencial al sector privado y, por el momento, refutar la participación de garantes internacionales, es posible que ya haya demostrado una falta de interés en hacer más concesiones que el mínimo necesario para evitar nuevas sanciones y salvar la economía nicaragüense, sin atender las demandas centrales de democratización y justicia de la oposición, argumentó ese organismo.

VOLUNTAD

"Sabemos que el Gobierno no está de buena voluntad", como si lo están los negociadores de la alianza opositora, dijo a la agencia EFE Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).

La Unidad Nacional Azul y Blanco, a la que pertenece la Alianza Cívica, ha pedido a la comunidad internacional ejercer mayor presión sobre el Gobierno, en tanto Estados Unidos ha urgido a Ortega a que tome acciones concretas y negociar de buena fe.

Sobre Nicaragua penden más sanciones de EEUU con la Ley Magnitsky Nica, y la amenaza de la Unión Europea de otras medidas similares contra Ortega y sus allegados.

Además, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.

A juicio de Chamorro, si el Gobierno decide anular los juicios contra los manifestantes opositores y acepta debatir sobre justicia y elecciones adelantadas, Nicaragua ganará confianza y permitiría un restablecimiento gradual de su economía.

De lo contrario, sostuvo, al Ejecutivo se le dificultará seguir gobernando por la fuerza, "que es como está gobernando", porque no tendrá dinero para pagar a los "paramilitares" ni a sus seguidores.

Para Crisis Group, el Gobierno debe continuar dando muestras de buena voluntad tales como cesar los ataques contra organismos no gubernamentales, periodistas y figuras de la oposición, y liberar a más "presos políticos".

GOBIERNO: ELECCIONES

PRESIDENCIALES SERÁN 2021

El presidente de Daniel Ortega reveló ayer sus puntos de agendas en la mesa de negociaciones que sostiene con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en la que deja claro que las elecciones presidenciales serán hasta 2021 y sin reconocer a los presos políticos: “Comprometidos con el fortalecimiento de la democracia y el respeto al orden Constitucional de Nicaragua, y tomando en cuenta que las Elecciones Presidenciales y Legislativas están establecidas para el 2021”, dice el encabezado del documento oficial del orteguismo.

Uno de los planteamientos de la Alianza Cívica, la población y la comunidad internacional es el adelanto de elecciones para que el país pueda recobrar su democracia e institucionalidad.

La Prensa supo que la Alianza Cívica, plantearía en su agenda de propuesta elecciones adelantadas para este año, pero el régimen, que se ha mantenido fiel a su política informativa de secretismo, se adelantó a fijar su posición oficial hasta que la Conferencia Episcopal se retiró de la mesa de diálogo por la falta de transparencia y voluntad de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El documento gubernamental da a conocer su agenda propuesta en la mesa y uno de los puntos que resalta es que continúan “fortaleciendo las libertades, derechos y garantías establecidas en la Constitución Política de la República”, pero, precisamente, éstos son los puntos que la Alianza Cívica propone y que recoge las demandas de la población que consideran son derechos constitucionales que han sido conculcados por el gobierno orteguista desde que llegó al poder en el 2007. (La Prensa - Nicaragua - EFE)