Juez debió rechazar proceso abreviado

El exfiscal de La Paz, que pidió mantener su identidad en reserva, dio a conocer que los fiscales pueden hacer cualquier petición a un juez, sin tomar en cuenta a la víctima o el factor social, la única instancia que define y es responsable del caso, es el juez como representante del Poder Judicial.

“Por más descabellada que sea la petición, el fiscal puede hacer el requerimiento, pero la última palabra la tiene el juez, esta es la autoridad quien define si acepta la petición del fiscal o en su defecto la rechaza y al ser un tema con un alto interés social, podía haber rechazado el procedimiento abreviado, considerando de que en el juicio oral se podían generar mayores luces sobre la verdad histórica de los hechos”, explicó a EL DIARIO el exfiscal Marco H., quien solicitó reserva de identidad al ejercer la profesión libre de la abogacía.

En un caso suscitado en la localidad de Río Abajo, el exfiscal presentó un asunto similar, donde las partes estaban de acuerdo con el juicio abreviado, pero fue el juez, quien en honor a conocer la verdad concreta de los hechos, en un homicidio, rechazó la petición tomando en cuenta que en un juicio oral se verificó todos los pormenores y agravantes del hecho, aspecto que definía una mayor sentencia en contra del acusado.

En pasados días, el fiscal de materia Ruddy Terrazas, por la muerte del universitario Jonathan Quispe, dio a conocer que se estableció “que se trata de una sentencia por el delito de homicidio”, indicó.

Mientras que el representante del Concejo de la Magistratura dio a conocer que se analizará mediante una auditoría técnica, si en el proceso hasta llegar a la sentencia contra el subteniente Cristian Casanova por la muerte del estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Jonathan Quispe, existieron o no irregularidades. El decano del Consejo, Omar Michel, manifestó que el debido proceso se traduce en que toda actuación procesal debe estar en conocimiento de las partes, por eso se habla de que se cumpla el derecho a la defensa, la seguridad jurídica, entre otros.

“Estamos recabando toda la documentación para su análisis en la Comisión de Control y Fiscalización en Sucre”, añadió.

Mientras que el fiscal Departamental, William Alave al ser consultado con respecto a la apelación restringida, solo dio a conocer que desde el día que se dictó la sentencia, la familia del universitario tienen 15 días hábiles para apelar y presentar el requerimiento.

“El juez dice dame los hechos que yo te daré el derecho, en este caso se le ha expuesto por parte del Ministerio Público los hechos y el juez ha determinado en derecho el tipo penal, que no es incongruente porque va contra el derecho a la vida”, justificó el accionar del juez por parte del Fiscal de Distrito La Paz.

Dicha posición es observada por el exfiscal de La Paz, quien establece que el Fiscal de Distrito no es quien justifique la sentencia dictada por el juez Cuarto de Instrucción Cautelar en lo Penal, Ángel Mendoza, quien debió rechazar la petición del fiscal Terrazas.

“Solo es el juez quien debe responder por qué aceptó el procedimiento abreviado, al tener el tema una connotación social muy grande, al representar un caso de reivindicación social y no un tema privado, en consecuencia, debería haber rechazado el juez el procedimiento abreviado”, concluyó el exfiscal de La Paz.