UPEA analizará legajos jurídicos de proceso

Las autoridades de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) se presentaron en los juzgados con el objetivo de recabar documentación del proceso penal en favor del universitario Jonathan Quispe. Mientras tanto, la familia solicita 30 años de detención para el oficial de Policía.

Pese a que la sentencia de cinco años en favor del oficial de Policía, Cristian Casanova, se realizó hace una semana, la familia de Jonathan Quispe aún no recibió hasta la fecha la notificación de la audiencia realizada el pasado miércoles 6 de marzo, en el Juzgado Cuarto de Instrucción Cautelar en lo Penal, del juez Ángel Mendoza, a solicitud del fiscal Rudy Terrazas, aspecto que impide a que la defensa de la familia pueda apelar en el tiempo que le permite la ley.

Pese a la movilización de protesta realizada por sus compañeros de la Cerrera de Comunicación la pasada semana y la serie de rechazos y críticas a la sentencia dictaminada, al momento el Ministerio Público y de Justicia restringe el derecho a la apelación, razón por la que se presentaron las autoridades académicas de la UPEA en la jornada de ayer a los estrados judiciales.

“Mañana tenemos la reunión del Honorable Concejo Universitario (HCU), instancia que ratifica o posterga la movilización programada”, dio a conocer el vicerrector Carlos Condori.

En tanto los padres de Jonathan Quispe dieron a conocer que se enteraron de la audiencia un día antes (martes de ch’alla) y que pensaron que como otras audiencias anteriores esa solo serviría para una más de las solicitudes de pedido en libertad del acusado.

“Yo me enteré, pero no sabía que era para su sentencia, como no conozco de las leyes, yo pensé que otra vez el teniente estaba pidiendo su detención domiciliaria que siempre lo hacía y que era rechazado, pero hasta ahora no nos han hecho entrega de una notificación oficial”, explicó el padre del universitario.

“Yo solo pido una sentencia justa, que se le aplique los 30 años porque el delito era por asesinato, 30 años hemos pedido y no cinco años”, indicó la madre del infortunado.

La burocracia judicial y acciones irregulares generaron a que las autoridades de la UPEA se hagan presentes en los estrados judiciales, donde pidieron la resolución de sentencia emitida hace una semana.

El rector Freddy Medrano se presentó en ventanilla acompañado por el equipo legal, para hacer entrega del memorial dirigido al Juez de Instrucción Cautelar en lo Penal, Ángel Mendoza, quien debe hacer entrega del documento físico del dictamen de la sentencia, con el cual se podrá presentar la apelación correspondiente, caso contrario dicho juez vulnera el derecho a la igualdad y genera protección del acusado.

El documento indica: “observamos que no se entregó la sentencia a los apoderados (padres de familia de Jonathan Quispe), aspecto que perjudica la apelación restringida.

Sin tener de manera física la sentencia es imposible elaborar la apelación, aspecto que atenta el derecho a la igualdad expresada en el Artículo 12 del Código de Procedimiento Penal (CPP)”, establece el documento en las partes más sobresalientes.

Se espera que en un tiempo prudente de 24 horas el juez, Ángel Mendoza, pueda atender al memorial y permitir el derecho a la apelación, conforme a ley.