Democracia versus autoritarismo

La palabra “democracia” proviene del griego: pueblo (demos) y poder (kratos), hoy vinculado al poder legitimado, condicionado y revocado por elecciones libres. Por lo tanto el pueblo es el titular del poder, como dijo Abraham Lincoln, en el campo de batalla de Getysburg, “el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo”.

Y para darle autenticidad, existen instrumentos políticos, jurídicos imprescindibles como: a) Voto con el que el pueblo expresa su voluntad, que es delegación de poder. Sin embargo, el VOTO del 21F, expresado por el pueblo, el servidor Evo Morales no respeta. b) La Constitución limita derechos, para evitar el abuso de poder del gobernante. Pero los servidores del Tribunal Constitucional no respetaron la Constitución y emitieron el fallo inconstitucional 084/2017, a pesar del voto del 21F, quedando la democracia gravemente lesionada. El irrespeto a la Constitución y la dependencia del Órgano Judicial, del Órgano Electoral, vulneran los derechos humanos y permiten al servidor Morales repostularse. Los servidores del Tribunal Supremo Electoral admitieron y validaron la reelección de Morales.

c) La división de poderes. En Bolivia los Órganos del Estado están subordinados al poder público. d) La adopción y vigencia de principios fundamentales establecidos en la Constitución y en las leyes, destinados a garantizar la vida, la igualdad, la libertad de pensamiento y otros. Morales ejerce el poder político utilizando a la Policía para perseguir y encarcelar a los que no piensan igual que los del gobierno.

La Constitución en el Art.11,I establece: “La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”, sin embargo, el caudillo Evo Morales NO cumple este precepto constitucional que debe ser garantista de los derechos políticos de las y los mandantes.

La cúpula de los “falsos indígenas” y “falsos licenciados” tiene el poder para torcer el brazo a la justicia, encarcelar a ciudadanos, como el médico joven, el albañil en Potosí y el dirigente de los cocaleros por expresar su pensamiento. El poder político los persigue y les priva de su libertad, como parte de esto, el MAS señala que no permitirá el ingreso de otras fuerzas políticas y el Alcalde de Colomi, masista, sentencia que van a enterrar vivos a los opositores.

Y para completar tal situación, el vicepresidente García incita al odio, a la violencia y racismo entre los estudiantes. Nadie lo sanciona porque controla el poder y despliega el autoritarismo en toda su magnitud, porque quiere prorrogarse para continuar con el poder económico, muy ligado a la corrupción generalizada sin sanción y la gran ausencia de transparencia en la Administración del Estado, sin respetar la voluntad del pueblo, que hoy está en la indefensión porque la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía defienden al poder político y la Policía cuida las plazas para que los defensores del 21F no ingresen.

Democracia no es hacer declaraciones públicas, de manera imperativa, que parece dar “instrucciones”, sugiriendo al TSE adelantar las elecciones. Al respecto, el Art. 29 de la Ley de Organizaciones Políticas determina: las primarias se realizan 120 días antes de la emisión de la convocatoria a las elecciones generales, por lo tanto debe hacerse pública el 27 de mayo. La Ley del Régimen Electoral en el Art. 94 establece que la convocatoria debe hacerse por lo menos 150 días antes de la fecha de la votación, por tanto se determina que debe realizarse después del 24 de octubre, no antes.

Estamos volviendo al fascismo de Mussolini, basado en la imposición, el totalitarismo, a no tolerar a otros partidos, ni admitir la división de poderes, pues en la cúspide de la pirámide está el Jefe de Estado, que es Jefe de Partido, y el Legislativo no inicia leyes, solo los discute y aprueba, dando como resultado el Estado Corporativo que se da el derecho de suplantar a la empresa privada, muchas veces con allegados al partido. Cuidado que sigamos los pasos de Venezuela.

El autor es Economista – Abogada

Constitucionalista.