En riesgo los aportes a las AFPs y la jubilación digna

Desde la promulgación de la Ley No 065, en 2010, está vigente el Sistema Integral de Pensiones, gestionado por las AFPs, en sustitución del Seguro Social Obligatorio de Capitalización Individual. Este nuevo sistema deberá ser administrado por la Gestora Pública de Seguridad Social -con sueldos de Bs. 60.000 como mínimo-, entidad estatal que tendrá la responsabilidad de velar por nuestros recursos desde 2019, que alcanzaron el monto de 14.172 millones de $us.

La rentabilidad más alta de las AFPs fue en 1998, llegó a 13,8% en ambas administradoras de pensiones, pero la aprobación de la actual Ley de pensiones, que obliga a traspasar la administración de estos recursos, provocó incertidumbre y redujo la rentabilidad de los fondos, además que el excesivo endeudamiento del TGN, de más de 5.000 millones de $us a las AFPs y las tasas bajas también afectaron a este sector. “Por eso es que hoy los jubilados solo pueden acceder al 30 o 40% del promedio de sus ingresos”.

Según datos publicados por la Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros, la recaudación acumulada desde 1997 hasta abril 2018 fue de $us 12.856 millones. Futuro de Bolivia acumuló $us 6.035 millones, mientras que Previsión tiene $us 6.820 millones. De mayo de 2018 para adelante se considera una recaudación mensual promedio de $us 130 millones entre ambas AFPs; el Sistema Integrado de Pensiones en el mercado local hasta abril de este año llegó a $us 7.247 millones; mientras que el total de la cartera de los fondos del SIP en el mercado extranjero es de $us 337 millones. En cuanto a los fondos que administra BBVA Previsión, el valor nominal en el mercado local es de $us 8.021 millones y $us 477 millones en el extranjero.

En junio de 2008, las tasas estaban en 8%, hoy bajaron, es del 2%. Al respecto, el CEDLA señala que además de los referentes salariales, otro factor que influye en las rentas es la densidad de aportes y la expectativa de vida calculada por las AFPs. “La actual tabla de vida que manejan las AFP sobreestima la esperanza de vida de los trabajadores, llevándola tan lejos hasta los 110 años, mientras que la expectativa de vida promedio en el país ronda los 70 años”. Una persona con un ahorro en su cuenta personal de 240.000 Bs., se jubila a los 70 años, por lo que su ahorro debe dividirse entre las pensiones mensuales y la pensión ya no depende del ahorro previsional individual. Las pensiones que provienen de la rentabilidad, que tiene bajos niveles de rentas obtenidos, pone en duda su sostenibilidad, cayó de 18 a 1,58% en esta última década, lo que obligaría a aumentar el número de cotizaciones, que según la Ley 065 es de 35 años, porque no garantizaría una vejez digna para las y los trabajadores.

BBVA anunció que acudiría a los tribunales para salir del negocio. La compañía de capitales españoles que realizaría un arbitraje ante el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI), abre la posibilidad de que el Estado boliviano tenga que erogar un monto de dinero. “Es la primera vez que se hace una demanda en el tema de seguridad social; y el Estado se vuelve juez y parte porque la Gestora Pública dependerá del Ministerio de Economía y la Autoridad de Pensiones también”.

Ahora el gobierno pretende la jubilación obligatoria, sin tomar en cuenta que los aportantes llegan a 333.000, que ya tienen 58 años y no aportaron 35 años como establece la ley, el promedio no supera los 20 años, por lo tanto recibirán rentas míseras. Un maestro que gana 6.500 bolivianos, debería jubilarse con 3.500 Bs de renta, pero esto no ocurre porque la plata que reúne el trabajador en las AFPs, no alcanza para que se le pague esa cantidad, su pensión llegará solo a 1.000 Bs.

Los militares y policías que nada producen, solo reprimen; reciben el 100% de su salario, dónde está eso de “todos somos iguales ante la ley”, y con la administración del Gobierno ineficiente, despilfarrador, no existe garantía de que nuestros recursos sirvan para una jubilación digna.

La autora es Economista –

Abogada Constitucionalista.