Interminable robo de minerales

Es un hecho que data de muchas décadas, que personas desplazadas de la minería nacionalizada y algunos de la privada, han visto que es “mejor que hayan sido despedidos porque ahora cuentan con fuente más segura y rentable de ingresos”, refiriéndose al hecho de que el robo de minerales es mucho más fácil, no demanda esfuerzos mayores y asegura beneficios incalculables porque no hay salarios que pagar ni regalías ni impuestos y se explota inmisericordemente el trabajo de miles de trabajadores.

El robo (“juqueo”) de minerales en las minas que han sido nacionalizadas y despedidos miles de trabajadores, especialmente desde la aplicación del decreto 21.060 que dispuso la “relocalización”, se ha hecho común en el país y son miles los mineros que viven de esta labor ilícita hasta el extremo de “defender” sus fuentes de ingresos combatiendo contra las fuerzas policiales y militares que tratan de evitar el delito y conseguir que esos mineros desplazados de las minas de Comibol y varios del sector privado puedan reintegrarse a los cuadros de trabajadores legales.

En muchas oportunidades se ha lamentado la muerte de propietarios del mineral, de empresarios legales y también de ladrones que han incursionado en campamentos y depósitos con tal de robar grandes cantidades de minerales de toda clase y cuyos réditos los benefician íntegramente; en muchas oportunidades las mayores víctimas han sido miembros de las fuerzas del orden y, por otro lado, el sufrir emboscadas y luchas en “defensa” de lo que consideran su fuente de “trabajo”. Las pérdidas ocasionadas al país, especialmente de minas como en Huanuni, implican un total de 24 millones de dólares anuales; (tan sólo el Ingenio de Huanuni 13,7 millones de dólares anuales). Sumar todo lo que han robado los “jucus” sería de nunca acabar.

Lo grave de este problema es que los ladrones “venden su mineral” producto de robos, a instituciones del Estado, como es el Banco Minero (esto es lo que se informó muchas veces a los medios de comunicación); pero lo cierto es que estas personas deben tener compradores seguros en entidades ajenas a lo que oficialmente está destinado para comercializar la producción en escala menor, puesto que las empresas grandes realizan sus exportaciones en forma legal, directamente en los mercados externos.

El grave problema se muestra como “interminable, imparable y difícil de superar”, simplemente porque las medidas punitivas no son lo enérgicas que deberían y tampoco se aplica la justicia a quienes han sido apresados con el producto de sus delitos o, si han sido apresados, reciben su libertad a pocos días de haber cometido el delito y vuelven a cometer los mismos robos, quedando en la impunidad. Será preciso que las autoridades apliquen severas penas a quienes cometen delito que no solamente afecta al Estado sino al gobierno y a los trabajadores mineros que trabajan con mucho sacrificio para conseguir producción.