En lo grande y en lo pequeño la institución policial ofrece un panorama nada deseable a la población. La seguridad pública y su misión de defensa de la sociedad y de ley se encuentran invertidas, constituyendo una amenaza latente para estantes y habitantes. Naturalmente, no deja de haber policías honestos y pundonorosos, aunque parecieran ser cada vez menos. En síntesis, la población carece de una efectiva protección, mientras la delincuencia crece desmesuradamente y, para peor, se aloja inclusive en el organismo encargado de su seguridad. Por lo menos de ello dan cuenta frecuentes y desconcertantes denuncias.
Un recuento somero de lo trascendido recientemente desde el ámbito policial se presenta doloroso e indignante a la vez. Para empezar, en la última década todos los comandantes generales de la Policía Nacional han resultado inmersos en denuncias, desde temas económicos o por complicidad y complacencia con sus camaradas incursos en faltas disciplinarias y corrupción.
Cada año la Felcc investiga el cobro de fuertes sumas para viabilizar el ingreso de postulantes a la Academia de Policías y otros institutos policiales. En esta gestión, de algo más de 300 jóvenes postulantes, 261 cotizaron entre 10.000 y 14.000 dólares para su ingreso fraudulento a la Anapol. No se sabe si tan fabulosa suma recaudada ha sido restituida a los defraudados padres o si, pese a todo, enriquece a oficiales y a altos mandos policiales. Los padres y madres de familia que optaron por camino tan sinuoso para el futuro de sus hijos son también culpables de cohecho activo.
No son novedad las denuncias de los últimos días, de violaciones a mujeres en cárceles y carceletas bajo custodia policial. Tampoco hay garantía de que los denunciados hubieran sido sancionados en lo interno y ni qué hablar de la Justicia. El “espíritu de cuerpo” y la impunidad corren parejos. En Rurrenabaque una ciudadana brasileña ha sido objeto de violación desde el 2018 por ocho oficiales, algunos a cargo de ese penal. Lo propio ocurrió con 2 detenidas en Reyes (Beni). Este caso ha sido desistido por las víctimas bajo amenazas y presiones. Pretexto para que en lo interno ni en la fiscalía se inicie una investigación.
Como colofón provisional, el ex comandante departamental de Oruro, Rommel Raña, es el principal sindicado de cuantiosas coimas -junto a una centena de delincuentes de civil y uniforme- cobradas a contrabandistas para permitirles el ingreso de mercadería. Esta veta de millones sigue y seguirá en los bolsillos de esta banda mixta. No hay visos de que se acometa remedios de forma y menos de fondo a la grave crisis policial. Su más alto comandante dio un apoyo incondicional de los 46.000 efectivos a su mando al Gobierno. Éste, urgido de votos en la presente época, permanecerá de manos cruzadas, aunque sus personeros intenten “marear la perdiz”.
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