Al Gobierno de Nicaragua
Bruselas.- La Unión Europea (UE) pidió ayer a las autoridades de Nicaragua y a sus fuerzas de seguridad que "cesen toda represión" y respeten íntegramente los derechos constitucionales, incluidos la libertad de expresión, de prensa y de reunión.
"La UE espera del Gobierno y las fuerzas de seguridad (de Nicaragua) que cesen toda represión y garanticen el respeto íntegro de los derechos constitucionales, incluyendo el de expresión y reunión, así como el de libertad de prensa", indicó en un comunicado el Servicio Europeo de Acción Exterior de la UE.
La nota diplomática reclama que "todos los grupos paramilitares" se desarmen y desarticulen "urgentemente" y avisa que "sólo un diálogo creíble e inclusivo puede resolver la actual crisis política del país".
"La UE llama a todas las partes a continuar con sus esfuerzos y a tomar medidas verdaderas y constructivas para ese fin", agregó el Servicio Europeo de Acción Exterior.
La diplomacia europea subraya que las informaciones sobre "represión violenta y uso arbitrario de la fuerza por parte de la policía contra los manifestantes y la prensa en Nicaragua va contra los esfuerzos del país para la reconciliación y el diálogo".
Además, la violencia policial ejercida este sábado contra manifestantes opositores que pedían la liberación de "presos políticos" terminó con 107 detenidos, según datos de la Policía local, o 164 de acuerdo con el movimiento Unidad Nacional Azul y Blanco, que además informó de seis heridos a causa de los disparos realizados por los agentes.
Nicaragua vive una crisis que en once meses ha dejado 325 muertos, conforme a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan la cifra a 561, mientras que el presidente del país, Daniel Ortega, sólo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
Sin resultados concretos y en medio de la desconfianza mutua transcurre la negociación en Nicaragua entre el Gobierno de Daniel Ortega y una alianza opositora, con la que buscan superar la crisis que estalló hace casi un año y ha dejado cientos de muertos y detenidos y miles de personas en el exilio.
Durante la undécima ronda de negociaciones, celebrada este lunes, las partes se levantaron de la mesa tras recriminaciones mutuas sobre los incidentes ocurridos el sábado pasado en el marco de una movilización opositora que fue impedida por la Policía Nacional.
Los opositores a Ortega intentaban manifestarse ese día en Managua para pedir la liberación de cientos de "presos políticos", aunque las fuerzas policiales habían prohibido la protesta porque, según alegaron, constituían "la continuidad de provocaciones y crímenes terroristas y golpistas, que sembraron en Nicaragua luto".
La delegación que representa al Gobierno ante la mesa de conversaciones tildó de "inconcebible, contradictoria e insólita" la actitud de miembros de la Alianza Cívica que el sábado pasado "formaron parte de una provocación y alteración del orden público y de la seguridad de las familias nicaragüenses".
"La delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional espera de la contraparte seriedad y responsabilidad, que muestre el compromiso sincero de conversar y consensuar acuerdos positivos para Nicaragua", señaló el Ejecutivo en una nota leída ante los medios por el canciller Denis Moncada.
En tanto, la Alianza Cívica repudió que el Gobierno mantenga a "más de 700" manifestantes encarcelados, así como las acciones de violencia hacia personas que querían exigir públicamente la liberación de los "presos políticos".
El jefe negociador de la Alianza, Carlos Tünnermann, reconoció que el diálogo no ha dado los resultados que esperaba, aunque no dejó claro si abandonará o se mantendrá en el proceso iniciado el pasado 27 de febrero. (EFE)
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