420.000 hectáreas serán deforestadas para producir etanol y biodiésel

Según Miguel Crespo, director de Probioma, una organización con sede en Santa Cruz, la medida gubernamental tendrá grave impacto en la producción de alimentos donde el país no es autosuficiente y menos soberano.

Crespo al ser consultado sobre el beneplácito del Gobierno para el uso de la semilla de soya HB4, sostuvo que en los hechos el Gobierno y los productores cruceños violaron las leyes y la propia Constitución. Recordó que en marzo del año pasado YPFB suscribió un millonario contrato con cinco ingenios azucareros de Santa Cruz para producir etanol.

“Ahora les entrega la producción de biodiésel. Vale la pena sacrificar tanto por tan poco que ni siquiera son garantía de poder?. Ellos ven sus bolsillos les interesa muy poco el país”, manifestó. El negocio del etanol podría orillar 500 millones de dólares.

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, argumento la medida señalando: “Necesitamos para el biocombustible 100 millones de litros de aceite vegetal, para lo cual es necesario el incremento de 250.000 hectáreas (de cultivo de soya). El biodiésel permitirá bajar costos, bajar importación, bajar subvención al diésel y aumentar la producción de este combustible”.

DEPENDENCIA

Por su parte, la ambientalista Teresa Flores, señaló que la aprobación de una nueva variedad de semilla modificada no está destinada específicamente al consumo de los bolivianos que además la soya no es parte de su dieta principal. Flores manifestó que el gran problema de la decisión del Gobierno está vinculado a la deforestación de nuevas 250.000 hectáreas, asimismo el uso intensivo de herbicidas (glifosato) y la fuerte dependencia de todo el paquete tecnológico que lo maneja la transnacional Monsanto que forma parte de Bayer de Alemania.

La experta dijo que el Gobierno importó maíz transgénico de la Argentina para cubrir la demanda nacional, violando la ley. Recordó que las semillas transgénicas ingresan al país sin ningún control.

COSTOS

Al respecto, Crespo dijo que no resulta cierto lo señalado por el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez en sentido de que la producción de bíodiesel reducirá costos al Estado en la importación de carburantes. El experto en materia portuaria, Enrique Prudencio, explicó que YPFB paga 70 dólares por metro cúbico de diésel cuando el combustible es transportado en barcazas desde Buenos Aires hacia canal Tamengo en tránsito a Bolivia. El sector soyero adquiere diésel subsidiado para la maquinaria agrícola que opera en la zona de expansión y el norte integrado. “Para 250.000 hectáreas se necesita diésel y más de 25 kg/ litros de pesticidas por hectárea. Estimó que se descargarán en el campo cruceño alrededor de seis millones y medio de kg/ litros de pesticidas”.

LEY

En relación a las normas que el Gobierno vulneró al autorizar el uso de semilla HB4, Crespo dijo que, en primer lugar, si se autorizan más eventos transgénicos en soya a través de decretos se estaría pasando por encina de las normas nacionales empezando con la Constitución y otras disposiciones que prohíben eventos transgénicos, y además el artículo 27 numeral 8 de la Ley de la Madre Tierra, que establece que se debe eliminar los cultivos transgénicos que existen en el país.

Por otra parte, explicó que cuando ingresa un evento transgénico en un cultivo mínimamente en el territorio boliviano se debe llevar adelante los estudios científicos de riesgo en el lugar (in situ).