Instituto Casla denunció aumento de tortura ante OEA

Washington.- La tortura "se ha incrementado" en Venezuela, donde el primer trimestre de este año ha sido "el más duro y cruel", denunció ayer la abogada venezolana disidente Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto Casla de Praga, ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

"La tortura no ha cesado, al contrario, se ha incrementado por el desespero de (presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro de que siente que pierde el control", aseguró Suju en una rueda de prensa junto al secretario de la OEA, Luis Almagro, y en la que participó de forma remota un exfuncionario de la Inteligencia militar venezolana.

Suju, que reside como exiliada política en la República Checa desde 2014 y que está acusada en Venezuela de "traición a la patria" y de "desestabilización", aseguró que el Instituto Casla "ha documentado en dos meses 40 nuevos casos de tortura, dentro de los cuales se incluyen menores de edad de ambos sexos, civiles y militares", y al menos ochos muertos.

Casla es un centro especializado en estudios de América Latina que recibe fondos del Estado checo y que ha presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) varios expedientes con hasta 600 casos de torturas atribuidos a responsables del Gobierno de Maduro.

CRÍMENES

"La represión sistemática y la comisión de crímenes de lesa humanidad han marcado este casi primer trimestre del 2019 como el más duro y cruel en su alcance", apuntó la letrada, quien que en noviembre pasado ya advirtió ante la OEA de que hasta esa fecha que habían documentado 106 casos de tortura en ese país.

Según Suju, su organización se basa para contabilizar esos casos en los testimonios y fotografías aportados por los familiares de las presuntas víctimas a la hora de elaborar sus estadísticas.

La abogada alertó de que los casos detectados son masivos en el contexto de conflictividad en Venezuela, y citó como ejemplo las 690 detenciones contabilizadas por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ocurridas durante un día.

Además, aseguró que las ocho muertes registradas por Casla corresponden a presuntas ejecuciones extrajudiciales, en su mayoría de jóvenes, denunciadas por sus propios parientes.

"Las denuncias se multiplican con la detención arbitraria de familiares de oficiales disidentes, madres y padres, cuyos hogares han sido brutalmente allanados y a los que detienen para que aparezcan sus hijos", agregó Suju, quien afirmó que cinco de estos casos corresponden a familiares de militares que cruzaron la frontera hacia Colombia.

PARAMILITARES

La letrada también advirtió de la "pública y notoria actuación de los paramilitares armados", en alusión a los denominados "colectivos" vinculados al chavismo.

Almagro, por su parte, lamentó que, a pesar de los avances en la legislación internacional en el hemisferio, se siga utilizando la tortura no solo como instrumento de castigo y fuente de inteligencia, sino que se haya expandido.

"La aplicación de la tortura en Venezuela y también en otros casos no es circunstancial y tampoco ocurre en casos aislados", subrayó Almagro, quien denunció que "el régimen cubano lleva años interviniendo en los asuntos internos" del país.

Sobre las presuntas torturas cometidas en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el teniente Ronald Alirio Dugarte, quien se identificó como exfuncionario de esa unidad, expuso en una videoconferencia vía Skype desde un lugar que no precisó el supuesto trato que reciben los detenidos en una sede en Caracas.

"No me había imaginado ver tantas atrocidades inhumanas como las que viven los prisiones", relató el exmilitar, vestido con un uniforme de la Aviación.

El relato del exoficial estuvo acompañado de vídeos que dijo que había grabado de forma oculta durante su estadía en el Dgcim, en los que se observan presuntos detenidos entre ellos, uno que identificó como el coronel Jhonny Mejías Laya.

No obstante, admitió que nunca pudo ingresar "en el área donde torturaban a los prisioneros", la cual describió como "restringida" y a la que tenía acceso "personal autorizado". (EFE)