Orden de destinos e injerencia política corrompen a la Policía

La injerencia política en el manejo institucional de la Policía Boliviana y la orden de destinos por intereses particulares son dos factores que corrompen la institucionalidad de la Policía Boliviana, afirmó ayer el senador Arturo Murillo. Entretanto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que la designación de nuevos destinos es la “matriz de la corrupción” dentro la institución del Orden.

A decir del senador Murillo, la estrategia para el debilitamiento institucional de la Policía tiene que ver con los ascensos forzados por padrinazgos e intereses personales (“llunk’erio”, dijo el legislador); por tanto, los únicos que pueden encarar una genuina recomposición de la institucionalidad policial son los oficiales de mandos bajos y medios, quienes deben asumir un “mea culpa” dentro la entidad.

“Ninguno de los últimos cuatro comandantes nacionales está libre de procesos y denuncias, plantearse una reestructuración implica hacer un trabajo a fondo y despojarse de intereses personales. Por tanto, a los altos mandos de los últimos años no les interesa, son lo de abajo quienes deben preocuparse, a los de arriba solo les interesa llenar sus bolsillos e irse”, afirmó.

Según el legislador, la Policía Boliviana no es la institución más apreciada por el Gobierno. “No la quieren a la Policía, de ser posible su eliminación lo haría pero les es difícil”. Una medida de aplicación urgente es el alejamiento de la institución de los efectivos involucrados en actos de corrupción, así como de quienes no muestran aptitudes y capacidad intelectual, idoneidad y honestidad.

DESTINOS Y CORRUPCIÓN

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que no es un secreto que “la matriz de la corrupción en la Policía Nacional ha sido la orden de destinos. Los destinos han servido para extorsionar a la gente para generar recaudadores (…) los destinos en los comandos departamentales es un tema que no ha sido suficientemente controlado por las inspectorías respectivas”, puntualizó.

A partir de estos criterios, Romero afirmó que cualquier autoridad policial puede ser convocada a declarar, en asuntos en proceso de investigación, para aportar con elementos esclarecedores, refirió en alusión al proceso que enfrenta el excomandante departamental de Oruro, Rommel Raña, imputado por cobros extorsivos a cambio de destinos y tráfico de contrabando.

CEDIERON INSTITUCIONALIDAD

El representante de los Oficiales de Policía en retiro del coronel René Calla afirmó que el poder político en la conducción del Estado implica el manejo de las instituciones, pero esta atribución ha sido sobrepasada llegando a niveles de injerencia en la toma de decisiones internas, como la designación de cargos y gestiones administrativas.

“En algunos casos se tienen documentos que algunas autoridades han cedido en la institucionalidad y el manejo propio de la institución, con esa actitud les han dado mayor puntaje para sus ascensos. Con la figura de destinos están disfrazando muchas cosas”, afirmó Calla, tras señalar el actual irrespeto al Plan de Carrera.

“La injerencia política en la Policía Boliviana ha roto la cadena de mando del orden interno, mientras persista esta condición ninguna intervención logrará el saneamiento institucional que se requiere con urgencia ante los niveles de corrupción denunciados”, declaró el coronel de Policía en retiro.

Refirió también que encarar una reestructuración en la institución nacional del orden interno, tras el fracaso de anteriores intentos, primero debe salir la injerencia política de la institución.