Nunca como hoy, tan lejos de la costa

Hasta hace algunos meses, la esperanza de los bolivianos para retornar a las costas del Pacífico, no obstante el gasto de más de una centuria, se hallaba incólume. En 2013, el presidente Morales anuncia un proceso judicial contra Chile que reivindique nuestra cualidad marítima. Hasta hace menos de un año, nuestras expectativas a ese respecto estaban intactas, bajo la premisa de que “el mar nos pertenece por derecho”. Después de 140 años de la invasión chilena, ese que parece ser un cliché y que por cierto se seguirá esgrimiendo cada 23 de marzo, es una verdad a medias, porque hablando de derechos, los hay cuando la justicia los declara o son inexistentes porque ella los ha negado. El derecho nuestro sobre el Litoral y territorios usurpados nace de la conformación geopolítica anterior a la fundación de la república. Pero el primer día de octubre del próximo pasado año marca un hito respecto al tema marítimo, porque la Corte Internacional de Justicia liquida, literalmente, la ensoñación que por cinco años mantuvo hasta el último ciudadano del país.

No voy a hacer una valoración sobre la justicia o incorrección del fallo; no en esta oportunidad; de hecho, pudo haber error en la memoria de la demanda, o un fallo apartado del derecho internacional aplicable al caso por parte de la CIJ, pero lo cierto, lo irrebatiblemente verdadero es que sea cual fuese la causa a que ha dado lugar la lapidaria sentencia, se ha dado nacimiento a un nuevo escenario. Simplemente el derecho expectaticio que nos asistía sobre el Litoral, ha mudado a la categoría de derecho natural; es decir, Bolivia nunca renunciará a su reivindicación sobre tierra y mar usurpados, pero jurídicamente nuestras posibilidades de recuperarlos por esa vía, se han reducido prácticamente a la nada. Parece insensato aceptarlo, pero al acudir el Estado boliviano ante un organismo (además con plena competencia para sustanciar la acción interpuesta) ha reconocido expresamente la legitimidad de su jurisdicción. Luego, ante la declaración contundente del tribunal de que Chile no tiene obligación de negociar de buena fe, y con carácter vinculante, una salida soberana al Pacífico por parte de Bolivia, ¿cómo es posible que nuestras autoridades políticas del más alto rango, puedan siquiera sugerir que Chile cumpla con el fallo? Pues por muy desolador que parezca, desde la esfera jurídica, el país vecino, no tiene nada que cumplir porque la sentencia, que no admite revisión por autoridad alguna en el orbe, desestimó en todas sus partes la demanda. Sostener lo contrario, es querer hacer creer al pueblo, en pajaritos preñados.

Bolivia, conservará siempre su derecho moral e histórico sobre esas aguas y el territorio que hoy los separa de nuestra geografía, por tanto la indefectible vocación de recuperarlos y que por generaciones se ha sucedido, trascenderá al tiempo; más, ahora, allanar nuestro diferendo, pasa por un plano absolutamente distinto: el diplomático, que supone la sutileza y destreza de nuestros gobernantes para crear lazos de amistad conducentes a la instauración de un contexto de confianza, que el régimen actual no tiene capacidad de concretar. Los desaciertos en materia de política exterior se agravan con el nombramiento de un Cónsul del que un par de ministros han destacado su trayectoria. ¿Qué trayectoria? El ex Fiscal General del Estado ha tenido, especialmente en el ejercicio de su última función, legítimos cuestionamientos, y su investidura como representante ante el gobierno chileno, no es más que una retribución a su servilismo con el Ejecutivo.

Y aunque “recuperarlo es un deber”, este 23 de marzo nos encontró distantes, más que nunca, del mar.

El autor es jurista y escritor.