Augusto J. Russo Sandoval
Hace poco una autoridad de Gobierno presentó unas cifras preocupantes, calificando los hechos de violencia en contra de la mujer como los más altos, quedando el país en el tercer lugar, después de Colombia y Brasil en Sudamérica.
Según las cifras, del 100% de hechos delictivos o criminales atendidos a nivel nacional, el 40% está relacionado con la violencia en contra de las mujeres, aspecto que podría impulsar nuevas normas que penalicen a los responsables de estos hechos.
Pero la pregunta es si estas normas que sancionan la violencia, como la Ley 348, “Ley Integral para garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, que sanciona con 30 años de prisión sin derecho a indulto, son suficientes y cuál es el resultado de los intentos por reducir la violencia, ante un aumento de casos que han evidenciado extrema crueldad en contra de las víctimas y sus descendientes.
Seguir penalizando la violencia con detenciones preventivas y conocer que solo el 1.3% de los sindicados recibe sentencia, es un mecanismo que solo permite atender el resultado y no definir políticas que prevean esas muertes violentas.
Solo cuando somos adultos y formamos familia, vemos que la primera escuela en la que nos hemos formado y de la que hemos recabado gran parte de nuestra idiosincrasia es la familia y luego la escuela. Pero a estas alturas de un aumento de diferentes redes sociales y espacios digitales, red de la que uno recibe una variedad de mensajes e imágenes, se convierte en otro portal del cual también obtenemos ejemplos de conducta en sociedad.
Pero quién regula esos mensajes, qué instancia logra precautelar la salud mental de los futuros hombres y mujeres en sociedad, si lo que abunda son juegos digitales violentos, sexo explícito y una degeneración del lenguaje, tan accesible para niños, jóvenes, como en 1980, cuando se satanizaba la televisión y se habló mucho de que esas herramientas, como internet y medios de comunicación, deberían coadyuvar a reforzar valores humanos y de convivencia social.
Mencionar 128 feminicidios en 2018 o 111 casos en 2016 y que en 2017 hubo 109 denuncias de muertes violentas, que son parte de las 555 mujeres asesinadas por sus parejas sentimentales en los últimos seis años, deja en claro que no es suficiente construir más cárceles o aplicar mayores sanciones penales a los involucrados en la comisión de estos delitos, porque de esa cantidad de mujeres fallecidas hay un alto número de hijos e hijas huérfanas que están creciendo por milagro de Dios, sin madres ni padres y con solo la compañía de abuelos, tíos o en orfanatos.
A estos casos de muertes se suman los 37.000 casos de violencia denunciados ante los organismos policiales, donde cerca de 32.058 correspondían a casos de violencia familiar o doméstica y 4.645 casos se refieren a delitos sexuales.
De los delitos sexuales, en 2018 fueron atendidas 1.549 denuncias, de esa cantidad 1.370 corresponden a violaciones, que en el caso de víctimas menores o adolescentes llegan a 991 denuncias. Los estupros, que también son otros actos de violencia sexual, están registrados con 735 hechos.
Como el 82% de casos de violación se presenta en el interior de la familia, significa que en el hogar hay amenaza contra niñas, menores y adolescentes.
Por esas cifras se demuestran una crisis en la sociedad boliviana, por eso se debe reconocer que es insuficiente la educación escolarizada, cuando dentro del hogar se cultiva la violencia, la misma que es reforzada por juegos y videos en la web. Es momento para que los “guerreros digitales”, anunciados en su oportunidad, ahora se conviertan en guerreros de educación, que solidifiquen valores sociales como solidaridad, humanidad, responsabilidad y, ante todo, unidad familiar. En caso contrario, la bomba de tiempo de la violencia tiende a crear una sociedad psicopática.
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