Escandaloso destino de fondos pro Salud

Desde el año 2003 se viene haciendo el descuento de 0.20 centavos en el peaje de La Paz-El Alto, cobrándose desde entonces Bs. 1.80 al transporte público. Se calcula que la recaudación por este concepto a la fecha es de alrededor de Bs. 16 millones, que debía aplicarse a un Fondo Social pro Salud de los miembros de la Federación Departamental 1º de Mayo, finalidad que nunca se vio realizada.

Este descuento se inicia con un acuerdo o convenio entre una empresa particular recaudadora del peaje y los dirigentes de la Federación 1º de Mayo, hecho ilícito porque ninguna empresa puede transferir recursos públicos a privados. Sin embargo, una resolución ministerial (¿) de 1992 del Gobierno de Sánchez de Lozada convalidó la irregularidad. Es claro que desde el 2003 estas recaudaciones fueron a parar a cuentas privadas de los dirigentes.

La denuncia efectuada por dos legisladores opositores, sindica por malos manejos a los dirigentes Ismael Fernández, Rubén Sánchez (actual Secretario General de esta Federación), Fortunato Sirpa, José A. Choque, Crisóstomo Quispe y Mario Silva. El Fiscal encargado del caso citó a algunos de éstos como “testigos” y no en calidad de imputados, extremo correspondiente por los antecedentes aportados por los denunciantes y tratarse de fondos públicos.

Se deduce que en el mismo plano de responsabilidad se encuentran los administradores de la empresa privada que inició la recaudación, además de la estatal Vías Bolivia. Esto recuerda la irresponsabilidad de un Banco que, con similar desaprensión, depositó millones de bolivianos del Fondo Indígena en cuentas privadas. Sin duda, hay otros casos de funesto destino.

Latrocinios semejantes son fruto de la complacencia con la que los gobiernos del país ceden ante exigencias y amenazas de “acciones de hecho” de distintos sectores sociales y gremios. Medidas asumidas sin planificación ni análisis y que solo corresponderían después de evidenciarse seguridades de un correcto manejo. No se explica cómo el Gobierno de 1992 y los sucesivos no exigieron un plan de inversión y estatutos del supuesto Fondo Social pro Salud, abriendo así una fuente de enriquecimiento ilícito, para mofa de los mismos gobernantes.

Parece que como de costumbre el trámite ha sido “charlado” o es que también los fiscales temen a los dirigentes o están mediando las influencias oficialistas, pese a que el ex dirigente Ismael Fernández dijo que también se gastó en viajes, dietas y en “algunas farras”, palabras que valen como confesión de culpa. Los datos dan cuenta que por sus manos pasaron 2.5 millones de bolivianos. Este personaje revela que destinó el 40% de una menor suma a la Federación Andina de El Alto. Los choferes de base de la Federación 1º de Mayo son quienes deben seguir, paso a paso, la evolución del proceso y desenmascarar a sus defraudadores y a los malos juzgadores.