Condenados once ex militares chilenos

La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile ha condenado este jueves a once militares retirados --tres como autores y los ocho restantes como cómplices-- por quemar vivos a dos jóvenes, uno de los cuales murió, en el marco de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).

El magistrado Mario Carroza, que suele encargarse de los casos por graves violaciones a los Derechos Humanos, ha dictado diez años y un día de cárcel para Julio Ernesto Castañer, Iván Humberto Figueroa y Nelson Fidel Medina, en calidad de autores, y tres años para otros ocho ex militares, como cómplices.

Además, ha optado por absolver a René Aníbal Muñoz, “por falta de participación”, y a Pedro Fernández Dittus, “por aplicación de la excepción de cosa juzgada”, según ha informado el Poder Judicial de la nación suramericana a través de un comunicado.

Los hechos juzgados se remontan al 2 de julio de 1986, cuando una patrulla militar desplegada con motivo de la jornada de protesta convocada para ese día en Santiago detuvo a Rodrigo Andrés Rojas y a Carmen Gloria Quintana como sospechos de participar en “disturbios”.

“Para lograr su aprehensión, fueron golpeados y amenazados con armas de fuego. Y, logrado el objetivo, les colocaron cerca de un muro (...) donde la mujer queda de pie con las manos en alto apoyadas contra la pared y luego de frente, y el varón es tendido en el suelo boca abajo y con las manos extendidas”, describen las autoridades judiciales.

A pesar de que “en estas condiciones se colige sin duda alguna que las víctimas jamás representaron un peligro para sus aprehensores”, esta patrulla decida llamar a otras dos con las que toma la decisión de “rociar sus cuerpos y vestimentas con combustible y luego, mediante el empleo de (...) una bomba molotov, provocar un fuego”.

Los dos jóvenes sobrevivieron pero los militares les abandonaron en una zanja a las afueras de Santiago, “pese a la frágil condición de salud en que encontraban, negándoles de esa forma toda ayuda médica, con el solo propósito de favorecer la impunidad de sus actos”.