Cívicos no negociarán crímenes con Gobierno

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia no permitirá que en las negociaciones que sostiene con el régimen de Daniel Ortega los crímenes que se cometieron en la represión contra los nicaragüenses queden en la impunidad.

Carlos Tünnermann Bernheim, miembro propietario de la delegación de la Alianza Cívica en las conversaciones, dijo que si bien aún no se aborda el tema de la justicia, ante cualquier propuesta de ley de amnistía que se presente ellos se opondrán.

El jurista Tünnermann explicó que en la agenda de negociación “no hay ningún punto que refiera a una ley de amnistía, de lo que se habla es de justicia y eso significa que no debe haber impunidad”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con base en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sostiene que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad durante la represión a las protestas cívicas.

El organismo de derechos humanos recomendó investigar al dictador Ortega y a directores, subdirectores y jefes departamentales de la Policía Orteguista (PO), además de otros funcionarios, por su responsabilidad en los hechos de violencia.

Entre 325 y 535 ciudadanos fueron asesinados durante los meses más álgidos de la represión, según organismos de derechos humanos.

Tünnermann afirmó que en la mesa de negociación los delegados de Ortega no han hablado de dar amnistía, sin embargo el político avizora como uno de los temas más complejos decidir qué pasará con la PO, que es responsabilizada de dirigir la represión contra los ciudadanos.

Las delegaciones de la Alianza Cívica y de la dictadura de Ortega el 27 de febrero pasado reiniciaron las negociaciones para lograr una salida pacífica a la crisis sociopolítica que existe en el país desde hace más de 11 meses.

Uno de los puntos de la agenda consensuada refiere a la “verdad, justicia, reparación y no repetición” de los crímenes durante la represión que inició por el levantamiento del pueblo el 18 de abril del 2018, en exigencia por la salida del poder de Ortega y su cogobernante Rosario Murillo. (La Prensa - Nicaragua)