Pura Pura y Killi-Killi invadidos por “loteadores”

Transcurren dos años desde que EL DIARIO denunció la presencia de reincidentes loteadores que atentan contra el Bosquecillo de Pura Pura, sin que desde entonces las autoridades hubieran realizado una real y efectiva acción en resguardo de ese ecosistema esencial para la salud de la población paceña, ni aun frente a la tala de árboles y su envenenamiento para edificaciones precarias.

Para la preservación de estos predios se encuentra vigente una Ley aprobada el 2007 que declara el bosquecillo como Parque Ecológico Municipal y el Decreto Supremo 22.927 de 11 de octubre de 1991 con el mismo objeto. Es cierto que ante los hechos depredadores, el alcalde Luis Revilla solicitó al ministro de Gobierno Carlos Romero la intervención policial, pero dicha gestión quedó desestimada en la práctica, posiblemente como parte de la campaña de hostigamiento del Órgano Ejecutivo contra el Alcalde de La Paz. No es la primera vez que la Policía Nacional brilla por su ausencia. Lo mismo ocurrió cuando parte del Parque Mallasilla, contiguo al Zoológico, fue invadido por un grupo autotitulado “comunidad”, erigiéndose como dueño intocable.

Asimismo, la población paceña lamenta la ocupación del Bosquecillo del Cerro Killi-Killi o región por la que circulaba el autocarril a Yungas, que si bien no ha sido depredado en su totalidad, es notoria su penetración (a mano izquierda), convertido en una especie de urbanización precaria, seguramente no autorizada. La Alcaldía Municipal debe entender este avance arbitrario como una advertencia de que Killi-Killi seguirá siendo invadido, debiendo tomar puntuales cartas para frenar este atropello.

La delincuencia en el Bosquecillo de Pura Pura se lleva adelante con amenazas de muerte a los agentes ediles y a los vecinos defensores de este patrimonio o pulmón de oxigenación de estantes y habitantes. Inclusive en 2018 la Alcaldía denunció la existencia de armas de fuego en las guaridas de los loteadores, instando al Ministerio de Gobierno su inmediata actuación, la misma que aún hoy se sigue esperando. Estas reclamaciones no impiden que el Gobierno Autónomo Municipal deba contar con sus propios guardabosques. Por su parte, la Policía -si fuese realmente tal- debería instalar un puesto de vigilancia permanente.

No ha faltado quien se atribuya la propiedad de 10.000 m2 en el interior de ese Parque. Derechos Reales inscribió este supuesto derecho, no obstante los visibles vicios de nulidad de la documentación que, para empezar, carece de las firmas de los presuntos vendedores. La información obtenida por EL DIARIO en Derechos Reales resalta ahora dichas irregularidades, deplorablemente omitidas en el momento del registro respectivo.