1.173 denuncias contra operadores de justicia

Durante la gestión 2018, el Consejo de la Magistratura recibió 1.173 denuncias por presuntas irregularidades cometidas por los administradores de justica y personal de apoyo, del cúmulo de reclamos, 226 casos fueron resueltos, quedando pendientes de 947 casos, informó ayer el encargado distrital para La Paz, Aldo Castro Q.

“De los 226 casos resueltos, 55 casos han sido remitidos a proceso disciplinario, entre jueces y personal de apoyo. El reducido personal respecto de la cantidad de procesos es una de las dificultades. Es por esa razón que tenemos la cantidad de procesos para sustanciar”, puntualizó la autoridad.

El registro estadístico al final de la gestión 2018 da cuenta que la mayor cantidad de denuncias proceden del servicio de administración de justicia en materia civil y comercial, suman 183 denuncias, seguido de Penal 169, los juzgados de sentencia penal registran 65 denuncias y los juzgados de sentencia 167, mientras que de los juzgados de familia se recibió 109, y tribunales de sentencia 177, entre los más recurrentes.

En lo que hace al área de Control y Fiscalización, durante la gestión 2018 tramitó 204 denuncias, y para este 2019 se prevé la tramitación de 95 solicitudes de auditoría jurídica.

Las faltas más recurrentes en el personal administrador de justicia tienen que ver son la suspensión injustificada de audiencias, incumplimiento de plazos procesales, mala atención al público o negligencia.

Castro aclaró que verificado el incumplimiento del servidor dentro del sistema de administración de justicia, no solo se cumplen procesos por la administrativa, sino también penal si corresponde como en los casos de deliberada retardación de justicia.

“El Consejo de la Magistratura actúa a denuncia, e inmediatamente activamos un protocolo de intervención conformada por la Unidad de Transparencia, Asesoría Jurídica, Control y Fiscalización y recursos humanos y se realiza una intervención integral”, afirmó Castro al lamentar que al menos tres caso tienen que ver con el consumo de bebidas alcohólicas en reparticiones de juzgados.