Ante los problemas que significa ubicar un lugar para el depósito de la basura generada por la ciudad de La Paz, se podría decir que Bolivia es el país más ingobernable del planeta, o que unos y otros buscan la ocasión de chantajear a su vecino poniéndolo contra las cuerdas, en función de obtener un beneficio indebido.
Aunque lo anterior tiene increíbles y continuos escenarios en el país, en el problema del relleno sanitario puede más la politiquería ruin y barata, en este caso no en perjuicio del alcalde Luis Revilla, sino de la población paceña de más de un millón de habitantes. La política fue también la que condenó a La Paz a una insalubridad creada, sucedida en enero pasado con el cierre del botadero de Alpacoma, con la misma finalidad de provocar descontento contra el Alcalde.
Esta vez, cuando se ubica como adecuado el descampado de Patapampa, arrecia la animadversión del Gobierno contra la autoridad edil, logrando poner contra el proyecto a la comunidad indígena del lugar con medias verdades a cargo del Ministro de Aguas y Medio Ambiente. A partir de ahí, a los agentes del Gobierno -destacando Jesús Vera- les es fácil conducir a las calles a la nombrada comunidad y agregados en bullangero rechazo al proyecto. Por supuesto, están presentes ingredientes como la amenaza de dejar sin techo a los pobladores que no se sumen, además del cobro de multas, expulsiones y otros. No se salvaron los motorizados municipales, objeto de pedreas y destrozos, mientras personeros de la institución sufrieron agresiones, métodos alejados de todo diálogo y razonamiento.
Estas acostumbradas presiones sin sanción, han logrado que el sector que comprometió la venta de una superficie adecuada para el relleno sanitario, desista de lo pactado. La Alcaldía puso de manifiesto que el terreno elegido se encuentra a 14 kilómetros de La Paz, a 6 kilómetros de las represas de Hampaturi, Incachaca y Milluni y a 2.3 kilómetros de la población de Achachicala originaria y demás características técnicas, distancias que descartan toda posibilidad de contaminación.
La intervención politiquera abarca a la Gobernación del Departamento, aduciendo que no se hizo la “consulta pública” in situ y que el proyecto no cuenta con el estudio de impacto ambiental y de tipo geológico. Con ello la Gobernación imita la posición gubernamental llevada de los propios intereses políticos del gobernador Félix Patzi, en búsqueda de no malograr el supuesto apoyo de las “bases” indígenas a su postulación presidencial. Por su parte, el Gobierno incurre en un mal cálculo electoral porque más allá de enredar al alcalde, la ciudadanía está percatada que solamente se trata de auspicios contra uno de sus rivales políticos, empero, por contrapartida, las acciones oficialistas podrían recibir el voto contrario paceño en las urnas.
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