Deber y derecho de servir al país

Vivir en un período pre-electoral debería ser para todos los partidos políticos, candidatos y pueblo en general, causa y motivo para tomar conciencia de que es un derecho de todos los bolivianos el que quienes vayan a intervenir en las justas electorales, lo hagan partiendo del principio de que se adquiere el derecho de servir al país solamente con las condiciones precisas y necesarias que cada uno debe tener para hacer que su vida esté enmarcada en valores y principios nacidos de las virtudes con miras a amar y servir al país, entenderlo y hacer de sus problemas algo propio que requiere soluciones en las que haya participación y entrega general.

Como en todo proceso pre-electoral, surge en la mayoría de los partidos, coaliciones y grupos con candidatos, el criterio o la sensación de que son ellos los únicos que debieran alcanzar la confianza pública para acceder al gobierno de la nación; que nadie, ajeno a su partido o grupo está habilitado para aspirar a lo que sólo ellos “conquistaron con sacrificios en tiempos de dictadura”; que nadie, por poder político, económico, social o de cualquier índole que tenga, está facultado para convencer a los posibles electores en su favor en el proceso eleccionario; en fin, cada quien, creído y pedante, cree haber adquirido derechos casi sin haber cumplido deberes.

Los partidos políticos y las organizaciones que aspiren a administrar el Estado, deben estar debidamente consubstanciados con las urgencias y necesidades del pueblo; deben comprender que solamente con renunciamientos y sacrificios es posible conseguir remedios y soluciones a las múltiples urgencias; que solamente la unidad y el amor de las organizaciones partidistas pueden alcanzar metas que, sin entrega y conciencia de servicio y vocación de sacrificio podrá conseguirse lo faltante a la sociedad boliviana.

Cuando hay obcecación solamente por los intereses partidarios y no se cree que el partido es secundario en relación con lo que es el país, es complicado que haya concordancia entre lo que conviene hacer y lo que ya está hecho aún con yerros garrafales que lo único que han hecho es destruir posibilidades y esperanzas. Nadie puede prescindir del concurso general porque cada uno en su lugar, en lo que haga y cumpla, en lo que puede ser capaz y eficiente, en sus propósitos y anhelos está obligado a aunar esfuerzos y dedicación, entrega y vocación de servir, principios de honestidad, honradez y responsabilidad para cumplir lo que el país quiere, inclusive haciendo abstracción de lo que el partido busca sin conseguirlo.

El hecho de que cada candidato y su partido o grupo que lo propicia tenga que hacer campañas para confiar al pueblo sus votos, es inherente a cada uno y no es propiedad de nadie porque el país es de todos, sin discriminación alguna. Nadie, pues, puede pretender tener opciones para ser dueño y amo del pueblo; nadie, por poderes que tenga, tiene atributos para considerar que solamente su candidato o su partido han adquirido la seguridad de contar con el favor de la ciudadanía. Por supuesto, ningun partido o grupo que respalde a una candidatura posee el derecho de prohibir el libre tránsito a los demás por cualquier sitio del territorio nacional como muchas veces ocurre porque se cree, erróneamente, que el poder implica ser propietario del país.

Todos los bolivianos, sin excepción alguna, así como tienen el deber de amar y respetar al país, tienen el derecho de servirlo; pero, con honestidad, honradez y responsabilidad; con renunciamientos y práctica de valores y principios, condiciones sin las cuales sería imposible que se cumpla ningun programa, ni que se hagan realidad las intenciones y, menos, se alcance la credibilidad del pueblo. Quienes actúan en los procesos pre-electorales solamente impulsados por sus pasiones, ambiciones, egolatrías y otros defectos, no merecen confianza porque se descalifican al perder credibilidad de un pueblo que es susceptible y se decepciona y frustra ante conductas y posiciones que son contrarias a todo lo que implica amor y vocación al servicio del país.

Así, pues, quienes no han sabido cumplir sus deberes, sea en lo público o privado, ni han demostrado conductas honestas y responsables, no pueden ni deben demandar tener derecho de encumbrarse en altos cargos de servicio a la nación; cargos que, en todo caso, deben ser discernidos a quienes hayan demostrado en su vida condiciones de honorabilidad y honradez y hayan ganado la confianza y credibilidad de la población. Los que pretenden el favor popular no pueden hacerlo mediante acciones y actitudes contrarias a la moral y a los principios legales.

Pregonar lo que no ha sido práctica efectiva en la vida es solamente modo de engañar y conseguir el favor público para alcanzar posiciones que, se cree, dan derechos porque se alcanzó el poder; es contrario a la institucionalidad y a los derechos que tiene el pueblo.