Ortiz y Mesa se enfrentan y se olvidan de Morales y del 21F

Las dos alianzas opositoras: “Bolivia dice No” de Oscar Ortiz y Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa, están sumergidas en un enfrentamiento mediático entre descalificaciones, acusaciones y denuncias y dejaron de lado, las expectaciones a la candidatura observada de Evo Morales quien se postula por cuarta vez consecutiva a pesar del resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016.

En la firma de alianza entre Bolivia dice No y Alianza Social Patriótica (ASPB), Ortiz, afirmó que el diputado Rafael Quispe es objeto de ataques discriminatorios de corte racista.

“Expresarle mi solidaridad al compañero Rafael Quispe, que en los últimos días, por seguir cumpliendo la labor de fiscalización que siempre ha realizado, ha recibido una serie de ataques, amenazas, insultos, yo diría discriminaciones de claro corte racista”, afirmó Ortiz.

El pronunciamiento surge después de que Carlos Mesa anunció un juicio contra Quispe y Wilson Santamaría, a quienes acusa de “tergiversar” y «difamar» con datos del dinero que el Estado asignó al vocero y su equipo para la causa marítima.

Ortiz aprovechó la ocasión para atacar a Mesa al afirmar que el expresidente reacciona como “masista” y le recordó que la Constitución prohíbe procesar penalmente a asambleístas por actos que realizan en el ejercicio de su cargo.

El tema no quedó ahí, pues luego fue el mismo Óscar Ortiz quién mandó un mensaje directo a Carlos Mesa e, incluso, le mandó a “leer la Constitución”.

“No sé a qué ataque se refiere, si creen que cumplir con la fiscalización es un ataque entonces no se han enterado qué es la democracia y les falta leer la Constitución (…) En lugar de resolver con amenazas deberían dedicarse a aclarar su versión de la situación”, señaló Ortiz.

CARLOS MESA

En tanto, Carlos Alarcón, abogado del expresidente Carlos Mesa, presentó ayer una denuncia penal contra los diputados Rafael Quispe y Wilson Santamaría, aliados de Oscar Ortiz. Mesa los acusa de delitos de injuria y difamación, tras que estos le acusaron de recibir del estado dos millones de dólares como vocero de la demanda marítima.

Alarcón dijo que los diputados “han tergiversado y desnaturalizado” la información sobre el dinero que el Estado asignó al expresidente para su trabajo de vocero en la causa marítima y su equipo.

Los diputados revelaron un informe de la Cancillería en el cual se señala que Mesa recibió un millón de bolivianos para “viáticos, pasajes y otros”, mientras que su equipo formado por tres personas recibió 1,8 millones incluyendo salarios.

Santamaría y Quispe, en declaraciones a la prensa, criticaron al mandatario por el gasto de ese dinero y le pidieron que dé explicaciones.

Para Mesa, los diputados con sus declaraciones pretendieron hacer creer que me se benefició económicamente con la causa marítima.

El tipo penal de difamación se aplica a quien “de manera pública, tendenciosa y repetida, revelare o divulgare un hecho, una calidad o una conducta capaces de afectar la reputación de una persona individual o colectiva”; mientras que injuria consiste en la ofensa a otro en su dignidad o decoro.

Según la querella de Mesa, los diputados incurrieron en esos tipos penales porque en su criterio divulgaron “hechos falsos” que afectan su reputación, además de dañar su dignidad y decoro.

En declaraciones realizadas en El Alto, Mesa señaló que su objetivo con la demanda es que quienes vayan a hacer acusaciones “lo piensen dos veces antes de mentir”.

Aseveró que su trabajo fue ad honorem, por lo cual puede aceptar una acusación que considera una mentira.

Aclaró que DIREMAR le proveyó de pasajes, alojamiento y comidas para los viajes en que difundió la causa marítima boliviana.

21F

Este enfrentamiento entre candidatos de la oposición y sus firmas de alianzas dejó prácticamente en el olvido la defensa del voto del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, cuyo resultado le impide a Evo Morales postularse por tercera vez consecutiva.

El lema “Bolivia dijo No” y el “21F se respeta”, fueron olvidados hasta por los propios activistas que en los últimos meses desistieron de protestar por la consigna de los últimos dos años.