Piden nueva Ley de Pensiones para mejorar los ingresos

Los Jubilados exigen al presidente Evo Morales que cumpla el compromiso de 2009 en Tiquipaya, Cochabamba, en la Casa Campestre, donde anunció renta mínima de 1.800 para los jubilados, que se incluye en su pliego petitorio enviado al primer mandatario, la pasada semana, además piden una nueva Ley de Pensiones.

Después del anuncio del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, sobre retrasar por 30 meses el funcionamiento de la Gestora Pública, provocaron observaciones de los aportantes así como de políticos y economistas.

Los jubilados del nuevo Sistema Integral de Pensiones (SIP) están en permanente estado de emergencia, debido al incumplimiento de compromisos, y lamentan que los anuncios lo haya hecho en etapa electoral, y no cumplió con el mismo.

Es por ello que solicitan una audiencia al presidente Evo Morales, a raíz de la actitud de su Jefa de Gabinete que archivo su pliego petitorio, y lamentan que no se cumpla su slogan: “Gobernar escuchando al pueblo”.

La Confederación Nacional de jubilados en el Sistema Integral de Pensiones (Conaljusip) así como la Federación Departamental de Jubilados en el Sistema Integral de Pensiones (Fedejusip) señalan que los miembros de la SIP de la generación 1996, han sido contemplados bajo la tutela de la Ley 1732 de 29 de noviembre, y como efecto de esta normativa tienen bajas pensiones de vejez, y que en algunos casos no llegan ni al mínimo.

También sostienen que la Ley 065 de Pensiones, de 10 de diciembre de 2010, tampoco mejoró las pensiones, y que en la práctica contiene vacíos jurídicos y debilidades, y solo se parcha con leyes y decretos.

“A nuestro criterio, señor Presidente, se requiere una nueva ley de pensiones, previa conformación de mesas de trabajo, con participación activa de peritos en la materia o personas especializadas en el seguro de largo plazo”, señala parte de la carta que enviaron al Presidente.

Los jubilados en el marco de la anterior Ley de Pensiones, sostienen que mientras la Ley 065 por gastos funerarios establece un pago de 1.800 bolivianos, los que se acogieron a la 1732 solo perciben 1.475 bolivianos.

Los jubilados señalan que esos costos no están acorde a la realidad actual, y la diferencia entre ambos pagos no cumple con el principio de universalización.

Asimismo, los jubilados lamentan que el Gobierno opte en dividir a las organizaciones e instituciones, al colocar a personas afines al Gobierno, con el aval de la Central Obrera Boliviana (COB), sostienen.

ASAMBLEA

Ante ese panorama tan adverso para el sector, el directorio dela Federación Departamental de Jubilados en el Sistema Integral de Pensiones de La Paz convocó a una asamblea ordinaria para el jueves, en el auditorio municipal Nicolás Fernández Naranjo.

En donde se abordarán sobre resoluciones y determinaciones asumidas en la ciudad de Oruro, también recibirán una información adecuada sobre la jubilación de parte del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).