Proyecto de ley plantea aumentar pena por homicidio

El proyecto de ley de Abreviación Procesal Penal plantea el incremento de la pena mínima de privación de libertad por el delito de homicidio de 10 a 20 años, y en caso de que la víctima sea un niño, niña o adolescente la sanción se agrava de 14 a 25 años de cárcel. La Cámara de Diputados retomará mañana el tratamiento de la norma.

“Se está agravando la pena por el delito de homicidio, actualmente es de 5 a 20 años, con la modificación se está estableciendo la pena privativa de 10 a 20 años. Hemos conocido que muchas veces el Ministerio Público ha negociado la sanción penal, incluso ha impuesto penas de hasta de 5 años”, sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda.

La Disposición Adicional Cuarta establece la modificación de los artículos 251 y 310 del Código Penal, donde establece el aumento de la sanción penal. La privación de libertad se incrementa de 14 a 25 años en caso de la víctima sea una niña, niño o adolescente.

La Cámara Baja aprobó en grande el proyecto de ley la semana pasada, mañana retomarán el debate de la norma, se tiene previsto que en los próximos días pase al pleno de la Cámara de Senadores para ser sancionado y posterior promulgación por el Ejecutivo. La Disposición Final Primera del proyecto establece que estará vigente el 6 de agosto de la presente gestión.

OTRAS MODIFICACIONES

Una de las prioridades que señala la norma es que las personas mayores a los 60 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedad terminal no sean enviadas a la cárcel con detención preventiva.

A la vez, Víctor Borda aseguró que esta norma permitirá transformar la justicia y explicó que es inaceptable que existan más de 13 mil personas encarceladas con detención preventiva en Bolivia, entre ellos personas adultas, embarazadas y con enfermedades terminales.

Al respecto, la diputada de Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares, señaló que esta norma tiene tintes electorales, ya que se pretende resolver la crisis de justicia de forma incorrecta y apresurada, tomando en cuenta que en 13 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), no pudo plantear una solución estructural a este problema.

“Esta norma tiene un propósito netamente político y electoral, quieren resolver la justicia en poco tiempo lo que no hicieron en 13 años de gobierno, pretenden hacer creer que el MAS resolvió la crisis de la justicia y el hacinamiento carcelario”, dijo la legisladora.