Tariquía: nuevo atentado contra la Madre Tierra

El conflicto por la tierra y las áreas naturales protegidas reaviva nuevamente la problemática expansionista de acumulación extractivista gubernamental, sustentada en la exploración hidrocarburífera gracias a la flexibilización de normativas y políticas ambientales, el debilitamiento de las organizaciones y movimientos indígenas de tierras bajas y altas, invalidando sistemáticamente el derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades campesinas.

Atrás quedaron los principios rectores del vivir bien y la charlatanería “pachamamista” del gobierno y su abanderado “Héroe Mundial de la Madre Tierra”; pues en los hechos se ha dado continuidad a las políticas de administraciones anteriores respecto a la estrategia primario-extractivista, basada en la explotación bruta, carente de planificación, cuya lógica es la simple obtención de lucro inmediato sin valor agregado, revelando con ello un total desprecio por el entorno ambiental y la unidad de las organizaciones indígenas. El escenario medioambiental del país refleja fuertes tendencias de explotación y ampliación de las fronteras petroleras, licencias mineras ajenas a políticas ambientales sostenibles; construcción de hidroeléctricas y carreteras en áreas protegidas, con resultados catastróficos, como en las cuencas del Poopó y del río Pilcomayo; la deforestación de parques naturales; las concesiones mineras en el Illimani, que ponen en peligro los glaciares que abastecen de agua a la producción agrícola; la afectación al Tipnis, donde se pretende construir una carretera que atraviese el corazón de la reserva, pese a la negativa de los habitantes del territorio de las etnias yuracaré, chiman y moxos.

La filial boliviana Petrobras y la subsidiaria YPFB Chaco, con una inversión estimada de 1.000 millones de dólares, pretenden realizar exploraciones en la reserva natural de fauna y flora de Tariquía, situada en Tarija y que desde el año 2015, mediante la promulgación del DS 2.366 -que aprueba actividades hidrocarburíferas en áreas naturales protegidas-, se encuentra bajo constante amenaza y peligro de despojo por ser una zona potencial de exploración.

Tariquía posee una extensión superficial de 246.870 hectáreas y fue creada para la protección de zonas de recarga hídrica, cumpliendo funciones ecológicas de conservación de una biodiversidad incalculable y de un alto valor científico, por ser un reservorio natural de recursos genéticos aún no estudiados; así como la producción y purificación de aguas de los ríos Bermejo y Grande. Ante el atropello gubernamental y las transnacionales petroleras, Tarija llevó adelante un paro cívico de protesta el pasado 27 de marzo.

Las acciones gubernamentales evidencian grandes contradicciones e incoherencias tan alejadas de todo aquello que “se predica pero no se cumple”; pues no está comprometida con la protección y preservación del patrimonio natural y menos aún con sus propios principios del vivir bien proindígena y ecologista, difundido y pregonado por Evo Morales, quien no pierde oportunidad para promocionarse como quijote de la justicia, defensor del medioambiente, los derechos humanos y la democracia de los pueblos; pero en los hechos hace todo lo contrario de lo que profesa.

Este gobierno ha promovido la deforestación, la ampliación de las fronteras de exploración hidrocarburífera en áreas naturales protegidas, la agricultura sobre chamizado (selva quemada), el desarrollo de mega proyectos como las represas hidroleléctricas del Bala y Chepete, por su pretensión de convertir a Bolivia en el “corazón energético de América del Sur”; socavando flagrantemente las libertades y los derechos humanos consagrados en la CPE, a lo que se suma la desregulación de políticas ambientales de consulta previa y respeto a las normas que resguardan los territorios y derechos indígenas.

El autor es MGR. Docente e investigador UMSS – Cbba.