Eric Cárdenas del Castillo
El pasado 23 de marzo recordamos un año más de la pérdida del territorio sobre las costas del Pacífico y por supuesto el mar territorial, que nos fue arrebatado en la infausta guerra de 1879. Aunque esta vez el cuadro de situación sobre el problema marítimo fue distinto, pues la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, el día 1 de octubre de 2018 falló negativamente ante la demanda interpuesta por el gobierno de Bolivia contra Chile, para que el vecino país sea obligado a entablar una negociación sincera y posterior acuerdo sobre una salida al mar por territorio soberano.
La demanda interpuesta a ese alto tribunal de justicia internacional de las Naciones Unidas, el 24 de abril de 2013, creó una exagerada expectativa en la opinión pública nacional, aleccionada por la propaganda del gobierno que hace 14 años administra los intereses de nuestro país. En el tiempo transcurrido desde la demanda al fallo, decenas de articulistas, ex funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y hasta expresidentes de la ex República de Bolivia, que fueron convocados para coadyuvar en la demanda, exteriorizaron su criterio favorable al éxito en la demanda.
El pasado año se elaboró una bandera tan larga de casi la extensión de la carretera La Paz-Oruro, en medio de una propaganda oficialista que casi aseguraba que pronto estaríamos en las playas del océano Pacífico. En esa euforia casi generalizada, entre las escasas personas que alertamos sobre la delicadeza de la demanda y su resultado, estuvimos el que escribe esta nota y la ex docente de la UMSA y experta en temas internacionales, Karen Longaric.
En una primera instancia, Chile en su defensa impugnó la competencia de la Corte para conocer el asunto, con el argumento que éste había concluido con el Tratado de paz y amistad de 1904. La Corte rechazó esta impugnación el 24 de septiembre de 2015, lo que fue aprovechado por el aparato propagandístico del régimen que nos gobierna, como un gran triunfo, desatando un cuadro lamentable de triunfalismo y más aun de confrontación, pues el presidente y vicepresidente hicieron gala de agresiones verbales a los gobernantes chilenos y que la opinión chilena las atribuyó a su sociedad misma. El presidente del Estado Plurinacional en más de un mensaje público tuvo que aclarar que su conducta no era contra el pueblo chileno, el mismo que supuestamente apoyaba la petición boliviana.
Al pronunciarse el fallo de la CIJ, las explicaciones del gobierno y sus asesores fueron opacas e incluso todavía con algún argumento de expectativa favorable. Más aun, se acusó a la Corte de un fallo injusto y al servicio de intereses transnacionales, cuando en verdad el “Derecho” que esgrimimos los bolivianos durante más de un siglo, por el fallo de la CIJ, que precisamente falló sobre temas de derecho, definitivamente quedó resuelto.
El ex presidente chileno Ricardo Lagos, que gobernó ese país vecino entre 2000 a 2006, interesado en el gas boliviano, ya que por esos años se presumía que estábamos sobre un mar de gas, ofreció un área de varias hectáreas en una zona cercana al puerto de Arica, para que instalemos una planta regasificadora con destino a exportar esta materia prima a mercados del norte y proveer al mercado chileno. En esa área tendríamos una cuasi soberanía e incluso podríamos izar la bandera patria, pero no obstante las buenas negociaciones que se hacía con esa finalidad, se dio un extraño levantamiento en la ciudad de El Alto, primero esgrimiendo que queríamos entregar el gas a Chile y luego pidiendo una Constituyente, echando del poder al entonces presidente constitucional.
En el levantamiento de octubre de 2003 aparecieron individuos que, luego ya en el poder político, no repararon en ofrecer gas a Chile y el argumento de la Constituyente sirvió solo para distraernos de asuntos más importantes, pues si comparamos la anterior Constitución con la aprobada en 2006, veremos que el espíritu de la norma (ratio legis), en gran medida sigue siendo el mismo, con excepción de un indigenismo, más para justificar su elaboración que ajustada a la realidad del país.
La propuesta que nos hizo el expresidente chileno Ricardo Lagos, de un enclave en usufructo (comodato), nos aproximó en más de cien años, por primera vez al mar, pero dijimos ¡NO!
El autor es politólogo y abogado.
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