Advierten “uso electoral” en proyecto de ley

La Cámara de Diputados retoma hoy el tratamiento del proyecto de Ley de Abreviación Procesal Penal. La oposición aseguró que el Gobierno pretende usar la aprobación de la norma con fines electorales, ya que quiere generar una salida masiva de los privados de libertad argumentando que Evo Morales solucionó la crisis de justicia y el hacinamiento carcelario.

“Este proyecto de ley es esencialmente electoral, el MAS tiene como uno de sus problemas estructurales que no ha resuelto en estos 13 años qué es la justicia. Tienen objetivos establecidos y uno de ellos es producir la salida masiva de un 70 por ciento de quienes están con detención preventiva, de esa forma coronar al presidente Evo Morales como el que solucionó este problema”, sostuvo la diputada Lourdes Millares.

A la vez manifestó que para la aplicación de esta norma se requiere la implementación de más fiscales y jueces, además de la mejora de la infraestructura que tiene le Órgano Judicial y el Ministerio Público. Advirtió que estos detalles no están contemplados en la propuesta de ley.

Según el informe presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, el hacinamiento carcelario llega al 330 %, tomando en cuenta que la población de los privados de libertad llega a 19.161 en todo el país. El 68 % (12.985) están con detención preventiva y solo el 32 % (6.176) cuenta con una sentencia ejecutoriada.

GESTORA DE PROCESOS

La norma plantea la creación de la Oficina Gestora de Procesos que se encargara de la parte administrativa del Órgano Judicial tendrá que garantizar la realización audiencias a través de una agenda, la notificación de las partes y la distribución de las causas a los tribunales y juzgados de sentencia.

La Disposición Adicional Segunda establece la incorporación del artículo 112 bis a la Ley 025 del Órgano Judicial, estará conformada una representación nacional y departamental. El personal de las oficinas gestoras será preseleccionado por el Consejo de la Magistratura mediante un concurso de méritos.

En un plazo de 60 días calendario, después de la promulgación de la norma, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia se designarán el número de oficinas en los distritos judiciales conforma a la carga procesal. Además deben aprobar los reglamentos operativos y protocoles de actuación.

El diputado del partido oficialista, Lino Cárdenas, afirmó que la creación de esta oficina es necesaria porque se dividirá las tareas administrativas y jurisdiccionales del Órgano Judicial, con la finalidad de que esta instancia solo se encargue del desarrollo de la etapa de una causa judicial.

Añadió que la nueva instancia podrá realizar informes sobre el actuar negligente de los funcionarios de justicia y de la Fiscalía, en caso de que no asistan a las audiencias programadas y la suspensión sin fundamento alguno. Incluso pueden impulsar una demanda penal en contra de estos por la inasistencia a los actuados judiciales.

DIGITALIZACIÓN

La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) estará a cargo del apoyo técnico y electrónico de la oficina gestora de procesos. Esa dependencia estatal implementará el sistema de digitalización de las causas procesales.

Para Millares esta implementación causará susceptibilidad en la población litigante, tomando en cuenta que todo sistema informático corre el riesgo de ser hackeado, se puede perder la información, incluso estaría incurriendo en el resguardo de la identidad de las víctimas enmarcadas en la Ley 348.