Sistema penitenciario debe ser administrado por civiles

El actual sistema carcelario no mejorará mientras no esté administrado por civiles, afirmó ayer el exdirector nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, tras conocer el anuncio de la nueva autoridad de esa repartición de Gobierno, Samuel Villegas, respecto de una reestructuración en el sistema de control y gestión carcelaria.

Llanos afirmó que la corrupción y los grupos de poder conformados por policías, jueces y reos dentro las cárceles son problemas que se arrastran hace décadas y que ningún gobierno pudo corregirlo debido a la influencia sobre toda la estructura.

Según la exautoridad, inclusive el primer mandatario del país se aplazó en este tema y que los candidatos a la presidencia no hablan de esta situación porque “es una papa caliente” y “quien maneja este tema (sistema penitenciario) viste de olivo”, dijo.

No obstante, Villegas anunció que una de las medidas que realizará la institución a su cargo será pedir un informe a las direcciones departamentales para saber la actual situación de los centros penitenciarios en la perspectiva de hacer todos los ajustes necesarios.

De acuerdo con lo anunciado, también revisará el estatuto interno para la elección de representantes de los privados de libertad, una de la propuestas es que los internos sentenciados a 30 años de cárcel no deben acceder a la representación de la población penitenciaria, como tampoco aquellos presos que ya hayan ejercido ese cargo anteriormente.

“Es necesario ver el conjunto de la problemática. Involucrar a los internos en la gestión penitenciaria es un tema que debe ser repensado, estableciendo márgenes de autonomías acerca la prestación de servicios” señaló el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Ante las denuncias de ventas irregulares de celdas en la cárcel de San Pedro, y otras cárceles como Palmasola de Santa Cruz, Villegas declaró que estas denuncias son investigadas.

Por el momento se conoce que esas construcciones improvisadas para ser utilizadas como celdas fueron construidas con aportes de los propios internos y algunas donaciones de empresas privadas, pero que esta situación no les otorga derecho alguno de propiedad.

Al respecto, la autoridad pedirá a la unidad de Seguridad Penitenciaria un informe sobre la distribución, administración y alquileres de las celdas de este recinto penitenciario.

“En caso de presentarse denuncias por irregularidades se destituirá (a los funcionarios) del cargo. No con el fin de sacarlo y protegerlo sino de investigarlo”, afirmó la nueva autoridad.

Según datos del encargado administrativo de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, hasta el año pasado, las cárceles en Bolivia soportaron un 202 % de hacinamiento.

En ese marco, anunció las mejoras en la infraestructura en todo el sistema permitirá aliviar tal situación. Para los siguientes semanas se prevé la conclusión de dos cárceles en Potosí, uno en la localidad de Uyuni, cuya capacidad se calcula albergará a 200 reclusos y el otro centro penitenciario a 220 personas, aproximadamente.

Por otro lado, el nuevo centro carcelario en Oruro tendrá una capacidad para 300 a 350 presos, en esta nueva cárcel solo faltaría la instalación de servicios básicos, anunció Limpias.

SERVICIOS SOCIALES

Según la autoridad, actualmente, pos centros penitenciarios de Bolivia cuentan con programas de educación, alfabetización y post alfabetización mediante los Centros de Educación Alternativa para Adultos (CEAS), esto en coordinación con el Ministerio de Educación.

Hasta el año 2009, el sistema carcelario contaba con tres centros de educación para adultos, actualmente se cuenta con 14 unidades y 148 profesionales del Ministerio de Educación trabajando en ese servicio en beneficio de los presos.

Otro avance importante –señaló Limpias– es el retiro de los niños de las cárceles, excepto los casos permitidos y normados, “niños de 0 a 6 años que deben permanecer junto a sus madres, casos que también reciben el apoyo de programas sociales” finalizó.