Seguridad alimentaria llega a su final

La ofrecida seguridad alimentaria por parte del actual gobierno ha terminado en un fracaso estruendoso, sin posibilidad de recuperación, lo cual afecta gravemente a la salud del pueblo boliviano. La producción de alimentos imprescindibles para el consumo familiar ha caído abruptamente, mientras la producción de coca, caña para etanol y soya sube en forma exponencial. Al presente, el pueblo boliviano vive principalmente de artículos de consumo tanto importados como de contrabando.

La curva de importación de alimentos para consumo directo creció de manera alarmante, al mismo tiempo que aumentó ligeramente la importación de materias dedicadas a elaboración de alimentos para el funcionamiento de industrias.

Los datos estadísticos destacan que, mientras en el año 2006 se importó solo 124.7 millones de dólares, en 2018 ya se importó 488.5 millones de dólares, ascenso espectacular que revela que el pueblo boliviano vive de artículos importados.

A esas importaciones de alimentos básicos (arroz, fruta, cacao, etc.) el país importa también materia prima para el funcionamiento de industrias dedicadas a transformarlas en productos para el consumo. En ese sentido, mientras en el año 2006, o sea al iniciarse la existencia del actual régimen político, se importaba materia prima por 123.5 millones de dólares, en 2018 se importó por 186.7 millones de dólares. Esos dos rubros desde 2006 hasta 2018 significaron el total de importación de alimentos por 6.900 millones de dólares, según indica Fundación Jubileo.

Por otro lado, las áreas para producción de alimentos se han reducido en la región interandina del país, causando escasez de productos, como papa, oca, cebada, trigo y otros.

En cambio se registró un ascenso del cultivo de coca, pues, mientras en 2006 estaba autorizado el cultivo de 12 mil hectáreas, el año pasado el gobierno del MAS autorizó el cultivo de más de 25 mil hectáreas de coca que, en gran porcentaje, se destina a elaboración de pasta de coca y cocaína.

En el oriente del país, el gobierno ha negociado con agricultores ampliar la superficie de cultivo, de 250 mil a 500 mil hectáreas, pero no para el cultivo de alimentos, sino para producir caña para extraer etanol y mezclarlo con gasolina.

Cerrando con broche de oro este panorama, con estilo venezolano, el contrabando de alimentos al país gira en alrededor de 400 a 500 millones de dólares, negocio que está dando muerte lenta, pero segura, a la agricultura en valles y altiplano.