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No acreditaron domicilio ni trabajo

Detención preventiva para exfuncionarias de Uelicn

Ampliaron la denuncia contra otros funcionarios y accionistas de las adjudicatarias


INSTANTE EN EL QUE LAS IMPUTADAS SON TRASLADADAS PARA CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA.

Las exfuncionarias de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn), Nancy T. y Mabel F., cumplirán detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes por determinación del juez primero anticorrupción, Alan Zárate, con cargos por presuntos delitos de corrupción en la función pública vinculados a la adjudicación de contratos solo a un consorcio empresarial.

El fiscal a cargo del caso, Ronald Chávez, a la conclusión de la audiencia cautelar, informó que las pruebas presentadas son los contratos con la empresa que realizó el mantenimiento a las aeronaves asignadas a la lucha contra el narcotráfico, además de registros que evidencian un depósito bancario por Bs 34.800 realizado a una cuenta particular

“Los indicios se encuentran registrados en el cuaderno de investigaciones, alegaron que habrían recibido (dinero) para realizar una protocolización”, señaló Chávez.

El representante del Ministerio Público explicó que de acuerdo con el contrato, este procedimiento está a cargo del proveedor del servicio, y no así de una persona particular, en este caso un funcionario público de la institución, dependiente del Ministerio de Gobierno.

El juez primero anticorrupción, Alan Zarate, informó que las exfuncionarias no acreditaron domicilio ni trabajo, por lo que no lograron desvirtuar los riesgos de peligro de fuga y obstaculización a las investigaciones con la posible manipulación de documentos de prueba.

NO LA VINCULAN

La defensa legal de Nancy T., a cargo del abogado Gustavo Ayala, afirmó que los documentos presentados por el Ministerio Público en calidad de prueba no la vinculan a su cliente como partícipe de los presuntos delitos, siendo que las tareas que cumplía su defendida eran otras.

“La doctora (Nancy T.) fungía el cargo de responsable de análisis jurídico, su función era revisar la legalidad de la documentación de los contratos con la empresa Horizontal”, informó el jurista.

En este contexto, Ayala calificó como hecho “cuando menos curioso” que el responsable del proceso de contratación y la parte técnica dentro de la gestión de adjudicaciones no fueran incluidos en la investigación, “toda la responsabilidad está en mi cliente”, dijo.

En criterio del jurista, los representantes de la empresa Horizontal de Aviación Bolivia SRL deberían ser convocados a declarar en calidad de investigados, “desconocemos si han sido convocados” señaló.

Con relación al depósito de los Bs 34.800 realizado a una cuenta personal, Ayala explicó que ese dinero fue empleado en temas administrativos y no existiría ningún delito de cohecho pasivo o incumplimiento de deberes, como señaló el juez como sustento de la detención preventiva.

“La empresa Horizontal entregó a través de un recibo de egreso Bs 34.000 a mi cliente para la Notaria de Gobierno, ese cheque lo recibe el viernes 9 de octubre de 2015 y el lunes 12 de ese mismo mes lo entrega a su secretaria”, dijo.

Ayala mencionó que el dinero recibido por la funcionaria estaba destinado a la protocolización los contratos Nº 31 y 38 de la empresa Horizontal, “ese dinero tenía una finalidad expresa y fue cumplida” entonces “no hay cohecho pasivo”, puntualizó.

 
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