Ha causado angustia y preocupación el hecho de que en una escuela del distrito minero de Llallagua se hayan presentado “32 casos de niños que sufren intoxicación, luego de haber ingerido el desayuno escolar”. De comprobarse que el desayuno adolecía de mala preparación o con productos de pésima calidad, el caso debe merecer investigaciones muy serias, no solamente en dicho centro minero, sino en todos los que reciben ese beneficio, que son niños y jóvenes que estudian en escuelas y colegios.
El “desayuno escolar”, generalmente atendido por los municipios, innegablemente presta gran servicio a los estudiantes y desde que ha sido instituido ha gozado de la confianza de los niños y jóvenes; pero la presencia, así sea esporádica, de fallas en su servicio por parte de los encargados, ha molestado tanto a los padres de familia como a los mismos beneficiarios.
El caso denunciado sobre intoxicación es grave y si no se investiga debidamente, se corre el peligro de que la preparación del desayuno en otros sitios del país tenga el mismo defecto y problema que es atentatorio para la salud y la vida. Las alcaldías -al margen de lo que puedan hacer las dependencias del gobierno- deben esmerarse en investigar el caso y establecer controles muy estrictos para constatar, día a día, la calidad de los productos y su forma de preparación por personal que debe comprobarse sea responsable y honrado.
El “desayuno escolar” ha adquirido importancia al igual que los bonos que se dispensa a los educandos; pero si está liberado de controles muy estrictos, pierde su razón de ser y daría lugar a que se cambie concesionarios y personal encargado, previas las investigaciones y comprobaciones del caso. Innegablemente que los padres de familia deberían integrar la comisión investigadora y, además, establecer turnos para controles periódicos que se haga sobre la calidad de los productos y formas de preparar; no dejar que el hecho ocurrido por la intoxicación pase por alto y se olvide.
Hay productos que son donados por entidades extranjeras y llevan el rótulo “gratis, prohibida su venta”; sin embargo, al acudir a cualquier mercado de abasto se los encuentra con precios generalmente prohibitivos y son productos adquiridos de quienes tienen la obligación de repartirlo -o entregarlo conjuntamente el desayuno escolar - entre la población más necesitada. Este es un caso grave de corrupción; pero nadie le pone freno, pese a que las denuncias son permanentes por parte de quienes han comprobado el hecho doloso. Por ello el gobierno y alcaldías deberían investigar y sancionar a los que negocian con lo que está destinado a quienes padecen necesidad de alimentos y se encuentran hasta en grados de extrema pobreza.
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