De 400 alojamientos, el 40 % es ilegal

El documentos “Diagnóstico Situacional de los Alojamientos” realizado por el municipio de El Alto establece que más del 90 % de 400 de estos establecimientos existentes en esa urbe está entre la situación legal e ilegal.

El director de Seguridad Ciudadana, Dorian Ulloa, dio a conocer que este estudio responde al resultado de los operativos aplicados en los que se ha evidenciado la presencia de menores de edad, consumo de bebidas alcohólicas, estupefacientes, objetos de dudosa procedencia, presencia de personas nacionales y extranjeras no documentadas, además de condiciones insalubres y total ausencia de cámaras de vigilancia.

“De 400 alojamientos se obtuvo una muestra de 187. Se aplicó una encuesta a los propietarios y administradores de estos negocios en una porción del 45 %. Se estableció que se desconoce y vulnera las normas existentes, por lo que se transgreden las normas y estos lugares se convierten en focos de riesgo para la seguridad ciudadana”, declaró Ulloa en diálogo con EL DIARIO.

De acuerdo al estudio, el 60 % de los alojamientos que funcionan en El Alto son legales, es decir que tienen documentación que respalda; sin embargo, también, constantemente vulneran otras normas, como registro sanitario por presentarse ambientes antihigiénicos e insalubres.

El registro de las personas no se cumple a cabalidad, porque no anotan a personas que sólo hacen uso de las piezas por algunas horas.

“Muchos alojamientos han dejado de responder al objetivo de prestación de servicio turístico. Se ubican en edificios denominados ‘combo’ por estar cercanos a discotecas, lenocinios, bares o cantinas”, afirmó, dando a entender que los alojamientos son usados para que parejas mantengan relaciones sexuales o los grupos incidan en cometer delitos más graves, como consumo de drogas, alcoholismo, violaciones, raptos, entre otros.

Un segundo dato establece que el control requiere de la participación de otras instancias como la Policía Boliviana, Migración y sobre todo del Servicio Departamental de Salud (Sedes) dependiente de la Gobernación, al ser una tarea de responsabilidad departamental y “no del municipio, aspecto que confirma el incumplimiento de deberes”, aclaró Ulloa.

La tercera conclusión da cuenta que se requiere fortalecer la normativa que regule el funcionamiento de los alojamientos, para evitar que los mismos continúen vulnerando otras normas.

Asimismo, se exige una corresponsabilidad ciudadana, para evitar que los operativos ejecutados no tengan resultados de modificación de conducta, sobre todo en padres de familia, quienes no realizan un control de sus hijos menores,

Estos son encontrados con frecuencia al interior de los alojamientos consumiendo bebidas alcohólicas, estupefacientes o acompañados por otras parejas o grupos de la misma edad.

En conclusión, Ulloa establece que si bien el 60 % de alojamientos legales vulneran constantemente las normativas como la Ley Niño Niña Adolescente, la Ley 259 de Expendio y Comercio de Bebidas Alcohólicas, la normativa hotelera, medidas de seguridad, entre otros; el 40 % restante son ilegales y se suman a trasgredir controles y normas, factor que define que el 90 % de estas actividades económicas se convierten en un riesgo en la seguridad ciudadana.

LEY MUNICIPAL

Con el estudio al que se hace referencia se comprobó que el lucro es el principal motivo para solicitar el funcionamiento de estos establecimientos y no de una política turística.

El Ejecutivo presentará hoy el decreto municipal que obligará a los propietarios de los alojamientos que en 90 días incorporen cámaras de vigilancia en sus locales.

“Como hemos hecho con el control del expendio y comercio del alcohol, en bares, cantinas y otras actividades donde se redujo el 70 %; los alojamientos también correrán la misma suerte, porque requerimos lugares más seguros en menos tiempo. Por eso, esta norma municipal exige como condición de apertura de alojamientos la instalación de cámaras de vigilancia”, añadió.

De mayo a junio próximos, estas actividades económicas deberán tener instaladas las cámaras de videovigilancia, con el propósito de reducir la vulneración de normas y el delito.