Economía de palabras
Los contrabandistas bolivianos que operan en Bermejo agredieron a la ministra argentina Patricia Bullrich a principios de abril en territorio argentino.
La ministra había ido a Salta para aplicar las nuevas medidas con las cuales el gobierno de Mauricio Macri quiere frenar el ingreso de la droga boliviana a su territorio.
Los “bagayeros” bolivianos que quieran hacer negocios en Argentina deberán registrarse en un riguroso procedimiento y podrán pasar a ese país solamente una vez cada día, con mercadería cuyo valor no exceda los 500 dólares.
Los aludidos están furiosos. Dicen que ellos ganaban un promedio de 200 bolivianos por día y que ahora, con este nuevo régimen, sólo podrán ganar 50, por lo que proponen que el nuevo régimen argentino se aplique dentro de un año y no ahora.
Por supuesto, el gobierno argentino no ha respondido, sobre todo por la agresión que sufrió la ministra Bullrich, pero también porque, de veras, quiere acabar con la droga boliviana, pues tiene el convencimiento de que el narcotráfico amenaza la existencia de la república Argentina.
Algunos partidos argentinos dicen ser solidarios con los contrabandistas bolivianos y con todos los traficantes que operan en la región, como la peronista Milagro Sala. A este fenómeno, el presidente colombiano Iván Duque le llama “la transnacional del crimen organizado”.
Por otro lado, los contrabandistas bolivianos que operan en frontera con Chile anuncian actos de protesta contra la decisión del ejército de frenar el ingreso de mercadería ilegal.
Habrá una marcha desde Patacamaya hasta La Paz en la que participarán los contrabandistas que exigen al gobierno mantener la política permisiva existente desde 2006. La idea es que un gobernante proveniente de una actividad económica ilegal, como son los cocales excedentarios de Chapare, no puede hacerse, de pronto, enemigo de las actividades ilegales.
Los malpensados creen que este problema se resuelva cuando se aplique la nueva tarifa, por la cual los contrabandistas terminen pagando más que hasta ahora a quienes controlan las fronteras.
En resumen, ocurre que los bagayeros y los contrabandistas en la frontera con Chile están acostumbrados a operar en un país donde las leyes no se aplican. Producir droga tendría que estar prohibido, como llevarla a Argentina a Chile o Brasil, pero el triunfo político del Chapare ha creado la confusión de que aquí todo está permitido. Y el gobierno nada ha hecho por aclarar este malentendido.
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