Denuncias por cobros en procesos de adopción

La Defensoría del Pueblo identificó irregularidades en el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de La Paz, instancia que cobró entre Bs 250 y 350 a los solicitantes de adopción de menores. Pidió a la Fiscalía investigar el caso.

Este hallazgo se realizó durante la investigación que se hizo. La defensoría con la asistencia técnica de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), para conocer la situación de las adopciones nacionales e internacionales en Bolivia.

Esta investigación se realizó en las instituciones involucradas en el proceso de adopción: Defensorías de la Niñez (DNA), los Servicios Departamentales de Gestión Social (Sedeges) o Servicios Departamentales de Política Social (Sedepos) y los Juzgados Públicos de Niñez y Adolescencia.

Nadia Cruz, autoridad de la Defensoría del Pueblo, pidió al Ministerio Público, iniciar una investigación, ya que los cobros que se conocieron vulnera el principio de gratuidad, establecido en el artículo 10 de la Ley 548, para los procesos judiciales o administrativos, en que estén involucrados niñas, niños y adolescentes.

La investigación defensorial evidenció, el uso desmedido del acogimiento institucional, que se refleja en una cantidad significativa de niñas, niños y adolescentes en centros de acogida, incluso por un tiempo superior a los 15 años, y sin que su situación socio legal haya sido resuelta.

A esto se suma que no se cuenta con registros oficiales sobre la cantidad de niños, niñas y adolescentes en centros de acogida y en condición de adoptabilidad, ni las tipologías por las cuales se encuentran en estos lugares, lo que no permite a personal especializado realizar un trabajo oportuno.

La falta de una cultura de adopción es otro problema, identificado que hace que los solicitantes para adoptar no reciban una atención adecuada, empática y transparente en el servicio administrativo y sistema judicial, lo que genera que pierdan interés o abandonen el trámite.