Uno de los males de la política de nuestro país es, sin duda, el presidencialismo caudillista, es decir el “caciquismo”, como lo define el diccionario de la lengua española, pues casi todos los presidentes que han accedido al poder se tornaron caudillos, de tal suerte que en esta forma de gobernar, todo comienza y termina en la voluntad del caudillo.
El caudillismo se da por la ausencia de una cultura democrática, de una formación en valores democráticos, donde la verdadera voluntad es la ley y su cumplimiento, es decir el “estado de derecho” y no el autoritarismo que deviene del caudillismo.
En la realidad política de este tiempo en nuestro país, hace ya catorce años que somos gobernados por un régimen populista de corte caudillista, que lo hemos denominado de “democradura”, es decir un autoritarismo disfrazado de democracia, originado en el foro de Sao Paulo y que sigue el recetario “chavista” que ha puesto en el poder político de varias (ahora solo tres) naciones hermanas en el continente, a dictaduras que desde hace más de una década ejercen el poder por encima de la voluntad soberana de sus pueblos y por medio de la represión “brutal” que ha borrado todo atisbo de los Derechos Humanos.
No podemos negar que el régimen populista que nos gobierna hace ya tres períodos constitucionales fue originado en las urnas, seguramente por cansancio de la situación anterior, en la que tres partidos se turnaban en el poder, pero prontamente el régimen evidenció su corte autoritario, apuntado a la voluntad de una sola persona, “el caudillo” que, como lo señaló Franz Tamayo, es a la vez su partido y éste considerado el pueblo.
El gobierno no es sino el administrador del Estado, no es el Estado mismo como creen los caudillos y su corte, y esa administración debería estar estrictamente enmarcada en las leyes a partir de la Constitución Política, la misma que es precisamente la norma fundamental para el funcionamiento del Estado y señala los límites al ejercicio del poder, entre éstos el tiempo de gobierno y la no reelección continua que deviene en dictadura.
Ha sido el mismo gobierno que ha convocado a un referéndum para consultar al pueblo si se podía modificar la Constitución, en lo referente al límite del tiempo en el ejercicio del poder, para habilitar legalmente a una nueva repostulación del caudillo. En esa consulta el pueblo mayoritariamente dijo ¡No! (21 F), y pese a las declaraciones del caudillo derrotado en sus ambiciones de poder, de respetar ese veredicto del pueblo, se buscó otras salidas para desconocer esa voluntad del pueblo, como el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que argumentando los “derechos humanos” del caudillo, inconstitucionalmente falló para habilitarlo, lo mismo que más tarde al Tribunal Supremo Electoral, conformados por individuos al servicio del caudillo.
La voluntad del caudillo que nos gobierna, de perpetuarse en el poder político del Estado, estimulada por una corte de gente que ocupa los altos puestos en la administración del Estado y sus órganos, lo ha llevado no solo a desconocer las voluntad soberana del pueblo expresada en el voto, sino a declarar su llegada al poder de por vida, para siempre, etc. (declaraciones varias), hasta tal extremo que, como lo hace conocer el columnista de un matutino colega, Willy Camacho, el pasado día 7 de este mes, en la cédula de identidad del caudillo aparece como profesión u ocupación la de presidente y, sin tener la edad, con carácter de indefinido. Esto nos señala que la gente de su entorno ha asumido que el presidente del Estado Plurinacional ejercerá el poder indefinidamente, como lo ha expresado el alcalde de una población en el Chapare cochabambino.
Todo este cuadro, de hacerse realidad, resulta un grave atentado al sistema democrático de vida de nuestra sociedad, y nos lleva a interrogarnos: ¿estamos frente a una posible dictadura con el estilo de Venezuela y Nicaragua?, en los que ha desparecido todo atisbo de legalidad, derechos humanos, libertades de: pensamiento, expresión, prensa, etc.
El autor es Politólogo y Abogado.
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