Acusan a fuerzas nicaragüenses de violación de derechos humanos

México.- El Gobierno de Nicaragua debe acabar de inmediato la represión y poner en libertad a las personas detenidas, afirmó ayer Amnistía Internacional (AI), que acusó a las fuerzas de seguridad de violaciones graves a derechos humanos.

"Durante el último año, el Gobierno del presidente (Daniel) Ortega ha reprimido brutal y reiteradamente a todas las personas que se han atrevido a plantar cara a su Administración", señaló la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Érika Guevara Rosas.

En una declaración difundida en Ciudad de México, sostuvo que las autoridades nicaragüenses siguen violando los derechos a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas.

Y agregó que estas impiden a las organizaciones de la sociedad civil y a observadores internacionales de derechos humanos "trabajar libremente en el país".

"El Gobierno de Nicaragua debe finalizar de inmediato su estrategia de represión y poner en libertad a todos y todas los estudiantes, activistas y periodistas a quienes se ha detenido exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica", manifestó.

La directora aseguró que AI seguirá apoyando a quienes luchan pacíficamente por sus derechos, pese al hostigamiento y la intimidación que sufren por parte de las fuerzas de seguridad y de grupos parapoliciales "que han cometido violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional". "El valiente pueblo de Nicaragua no será silenciado", acotó.

Además, la organización afirmó en un boletín que, al igual que otras organizaciones internacionales, ha documentado casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, tales como tortura y ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por grupos armados progubernamentales y miembros de la Policía Nacional.

Refirió que el 18 de abril de 2018, una serie de reformas a la seguridad social provocó protestas sociales generalizadas en toda Nicaragua, y en respuesta el Gobierno adoptó una estrategia de represión violenta.

Indicó que desde entonces al menos 325 personas han muerto, principalmente a manos de las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados en favor del Gobierno, que por su parte solo reconoce 199 víctimas mortales.

Además de que más de 2.000 han resultado heridas, centenares han sido detenidas arbitrariamente y decenas de miles se han visto obligadas a huir del país, según la cifras de la ONG. (EFE)