Vulneración de la CPE y avasallamiento a áreas protegidas

El DS Nº 2.366 vulnera siete artículos de la Constitución Política del Estado: 2, 30, 33, 385 I, 343, 403 y 410 (Supremacía Constitucional), referidos a los derechos de los pueblos indígenas a su libre determinación y cinco tratados o acuerdos internacionales referidos tanto a los derechos de los pueblos indígenas como al medio ambiente y protección de la vida.

La CPE en el Art. 385, I expresa: “Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país, cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sostenible”. Una de las áreas protegidas (AP) está situada al suroeste del departamento de Tarija, en las provincias Arce, Cercado, Burnet O’Connor y Gran Chaco; involucra los municipios de Padcaya, Tarija, Entre Ríos y Carapari, posee una extensión de 246.870 hectáreas, donde se hallan representadas las eco-regiones Gran Chaco, Bosque tucumano boliviano, Chaco serrano y los Bosques secos interandinos.

En esta Reserva Nacional se tiene un registro de 867 especies, siendo las más representativas: puma (Puma con color), tejón (Nasua nasua), pava (Penélope oscura) y el pájaro carpintero (Camphephilus leucopogon). Con respecto a la vegetación, se tiene registrados alrededor de 609 especies de plantas que componen los bosques, siendo las especies más sobresalientes el aliso de cerro o aliso blanco (Alnus Acuminata sp.) y el pino del cerro (Podocarpus pseudomato), y paisajes naturales magníficos en las sendas de La Escalera, Cambarí, las Misiones Jesuíticas, el Chaco Serrano, el Robal y otros.

La CPE en el Art. 30, 15, determina, respecto a los pueblos indígenas: “A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevea medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.

Los comunarios expresan que no se cumple la CPE, que las empresas petroleras llegaron para socializar proyectos, les hicieron firmar listas de alimentación y esas listas el gobierno las considera como “consulta”. Los comunarios rechazan la lista, porque muchos de ellos no saben escribir ni leer, les hicieron firmar papeles en blanco. Las empresas llegan a las comunidades para hablarles de nuevos puestos de trabajo, de un cambio de vida, de más ingresos.

“Nosotros que estamos en la defensa de Tariquía no llamamos trabajo a lo que ellos ofertan, que va a haber desarrollo, que van a ganar plata, que todo eso, dos meses que les van a dar un triste empleo a algunas personas, no a todos. El trabajo que nosotros tenemos es lo que producimos la tierra”, y cuidando el medio ambiente, de las aéreas protegidas, en el que Tariquía es casi una fábrica de agua de toda la región, manifestó Barbarita Mesa.

El gobierno aprobó en abril de 2018 tres contratos de exploración y extracción de hidrocarburos en áreas de San Telmo Norte y Astillero, con frases de “interés público” para el desarrollo del país, autorizaron el ingreso de trabajadores de la empresa brasileña Petrobras, que opera con dos subsidiaras de YPFB; intentaron ingresar para empezar trabajos de exploración, flexibilizando la fiscalización ambiental. Los comunarios realizaron marchas en defensa de las tierras de Reserva Nacional; Tariquía cuenta con 246 870 Ha, con 609 especies de plantas y 867 especies de fauna, entre las que resaltan 62 mamíferos, 242 aves, 19 reptiles, 28 anfibios y 64 peces,808 especies de flora registradas, 112 especies arbóreas, 1.500 plantas altas y 406 especies de fauna reservada.

El TCP subordinado al gobierno rechazó el recurso abstracto de inconstitucionalidad para evitar la explotación de Tariquía. Supuestamente el área tiene un potencial estimado de 0,96 TCF y una superficie de 21.093 Ha. Las autoridades de Tariquía acudirán a los tribunales y a la justicia internacional para encontrar la manera de frenar la explotación.

La autora es Economista – Abogada constitucionalista.