La tragedia que vive la población venezolana, por las políticas que despliega el dictador Nicolás Maduro, ha ocasionado que millones de venezolanos abandonen su país, lleguen a las fronteras de Colombia y Brasil en busca de refugio, donde se les asegure libertad, respeto a los derechos humanos y ayuda humanitaria; países como Ecuador y otros se han plegado a estas labores y acudido a prestar socorro con medicamentos y alimentos a los venezolanos llegados a sus fronteras y, en casos, a varias ciudades. Ellos, como es lógico, nunca se sentirán mejor en tierras extrañas, por amigas que sean, y que no son su patria, su terruño y donde tienen instalados sus hogares y medios de vida.
Proporcionar refugio y ayuda humanitaria a quienes se ven perseguidos por la tiranía del régimen, prácticamente dominado por las castas militares, es un deber y hasta obligación de quienes poseen un mínimo de consideración y respeto por la vida humana, por la vida y futuro de niños y por la seguridad, tranquilidad y buena alimentación de mujeres y ancianos; nadie, en su sano juicio, tan solo atenido a cuestiones ideológicas, puede negar refugio, techo, alimento y abrigo a personas necesitadas, sean de la nación que sea y mucho más de Venezuela, país al que estamos ligados por todo el trabajo de liberación que hicieron los libertadores Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, ambos venezolanos y, además, por la tradicional amistad y hermandad que nos liga desde siempre.
Hay preocupación en la colectividad nacional porque hay migrantes que lamentan “ser incómodos” para quienes tratan de obstaculizar su permanencia en Bolivia y tienen temor a las condiciones que se trató de imponer como condición para su permanencia en nuestro territorio. Quienes han solicitado permanecer en nuestro país deben gozar de amplias garantías y ser provistos de todo lo necesario para que se sientan libres de cualquier peligro y tengan las posibilidades de trabajar en la actividad para la que sean aptos; que nadie abuse de su situación al negarles cooperación, alimentos, medicamentos o cualquier tipo de ayuda.
Nadie, por poder de autoridad que tenga, puede negar lo que las leyes permitan y mucho menos cuando se trata de recibir y prodigar ayuda a los necesitados de libertad y medios de vida, como es el caso de venezolanos que abandonaron su país por las experiencias recogidas de persecución, falta de alimentos, medicamentos y vituallas para vivir en su país; pero, lo fundamental, personas que se ven amenazadas y hasta perseguidas por un régimen que parece estar dispuesto a permanecer indefinidamente en el poder, contrariando todo principio legal y de respeto a los derechos humanos.
Estar de acuerdo o desacuerdo con el régimen venezolano a cargo de un dictador con apoyo del militarismo, no puede ser causa o motivo para negar permanencia a cualquier persona en nuestro territorio, siempre que se cumplan las regulaciones legales del caso.
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